Aragón cuenta actualmente con 8.328 documentos de voluntades anticipadas activos, aunque la cifra de los realizados en su totalidad desde el año 2003 asciende a 9.165. En los últimos tres años, de hecho, se ha experimentado un incremento significativo, con 946 documentos realizados en el 2017 frente a los 773 del año anterior, según el Ejecutivo aragonés.
Este aumento también se ha visto reflejado en las consultas realizadas por los profesionales al registro, que han pasado de 470 en el año 2016 a 620 en el 2017.
La comunidad aragonesa fue pionera, junto con Andalucía y Navarra, en publicar en el año 2011 una ley reguladora de los derechos y garantías de las personas en el proceso de morir y de la muerte, conocida popularmente como ley de muerte digna, que reconoce entre otros el derecho a recibir cuidados paliativos de calidad o el derecho al alivio del dolor y establece la obligación de los profesionales de informar y consultar el Registro de Voluntades Anticipadas. Sin embargo, ya desde el 2003 está activo en Aragón el Registro de Voluntades Anticipadas, que en el 2007 fue sincronizado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Es decir, que un documento registrado aquí puede ser consultado desde cualquier punto de España.
«Este documento recoge nuestras instrucciones sobre los cuidados sanitarios que queremos recibir cuando no podamos expresar nuestra voluntad, que pueden ser, desde manifestar nuestra negativa a recibir determinados tratamientos (derivados de la sangre o nutrición artificial, entre otros), a manifestar nuestras preferencias con relación al tratamiento del dolor, acompañamiento o destino de nuestros órganos o cuerpo», explicó el director general de Derechos y Garantías del Departamento de Sanidad, Pablo Martínez.
El documento se puede realizar ante notario, mediante acta notarial o de forma privada ante dos testigos, teniendo la misma validez cualquiera de los dos métodos.
A lo largo de estos años, el perfil de la persona que realiza el documento es el de una mujer (62,55%), española, de alrededor de 65 años, que proviene del medio urbano (82,97%) y que ha hecho el documento de forma privada ante testigos (79,08%).
El 7,58% de las personas que lo han realizado ha manifestado su rechazo expreso a los tratamientos hemoterápicos, el 41% de los que se manifiestan en relación a la donación de órganos hacen referencia a su deseo expreso de ser donantes frente a un 6,30% que expresan su deseo de no donarlos y un 9,47% expone su deseo de donar su cuerpo a la ciencia.
Además, los aragoneses que dejan instrucciones en relación con el deseo de morir en casa o en el hospital, el 10,47% lo hace a favor del hospital, mientras que el 4,61 % expresa su deseo de fallecer en casa.
Por último, cabe destacar que, aunque en España no existe una ley reguladora de la eutanasia, un 2,11% (176 personas) hacen mención explícita a su deseo de, en caso de que fuera regulado este derecho, acogerse a él.
