El cierzo no puede tener toda la culpa de que se caigan árboles en Zaragoza. Algo más debe estar pasando para que los técnicos, municipales y de la contrata del mantenimiento, no se pongan de acuerdo en las causas, el diagnóstico o las medidas a adoptar. No puede ser que se caigan, como el pasado miércoles, sin que sople el viento. Ni es casual que se obvie si utilizar más recursos a un arbolado más numeroso con el paso de los años, más antiguo -(son seres vivos, no olvidar)- y más expuestos a las inclemencias del tiempo, o se convierta en una cuestión ideológica.

Con un pulso de fondo, el del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) con FCC, la seguridad parece una cuestión ideológica cuando, de los árboles caídos en las últimas dos semanas, todos no pertenecen a su contrata. Y sin embargo, pocas cifras se aportan desde el ayuntamiento sobre el cuidado efectivo que se está realizando. El inventario que reclama el responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero, es una herramienta útil pero en caso de accidente se antoja un argumento endeble para justificar lo que hasta el propio servicio de parques y Jardines le está trasladando desde hace tiempo.

Por ejemplo, ¿cuántos árboles se han podado en lo que va de año? Es un dato que el consistorio no da. Pues bien, a estas alturas del 2017, FCC contabiliza un total de 5.197 podas y 221 talas. De enero a junio. Pero es que la partida específica para árboles grandes y monumentales se agotó en febrero. Porque ateniéndose estrictamente a lo que marcan los pliegos, la contrata no debería dedicar más de 54.847,87 euros a ellos. Lo que se traduce en solo 304 al año. Y eso está muy lejos de lo que luego se encuentran en la calle los encargados de esta labor.

8 VECES MÁS DINERO // ¿Qué hacer de febrero a diciembre si no hay más dinero? Lógicamente, seguir echando mano del total, que asciende a 850.000 euros cada ejercicio y que se reparten, de forma específica en el presupuesto, con 431.535,26 euros para los árboles pequeños y 344.831,22 para los adultos. Una proporción que tenía sentido en los pliegos, cuando el inventario de entonces apuntaba que habían 3.136 ejemplares grandes o monumentales sobre un total de 91.844 unidades en la vía pública. El último dato lo corrige y lo eleva a 16.542 grandes y 5.608 monumentales. Son más de 22.000, aproximándose a los 24.735 pequeños para los que ese mismo presupuesto dedica 8 veces más dinero para su poda.

Pero claro, cuando los árboles van cayendo con cuentagotas en la vía pública, sale a relucir el precio de una poda que sí, cuesta dinero. Concretamente 21,90 euros por cada ejemplar pequeño y 179,18 cada uno de los grandes. Así, el relato de ZeC empieza a cobrar sentido, ya que solo tiene que explicar al contribuyente que es FCC la que quiere aumentar sus cuantiosos beneficios. Eso, que él ya ha calificado como estrategia orquestada por la empresa para pedir más dinero al ayuntamiento, se dice en un momento en el que se debate sobre si se municipaliza el servicio a partir del 1 de enero del 2018. Y con la plantilla defendiendo que esa es la «única solución posible» para que dejen de caer árboles en la vía pública y en los parques.

Eso funciona mientras la zona de mantenimiento es la que cuida FCC. Pero, ¿y la de Umbela en la margen izquierda? ¿Se le ha pedido el inventario? ¿Existe un mayor control del estado de los árboles en el otro sector? Pues bien, que se sepa, ya hay dos caídas de árboles de gran tamaño allí, uno en Margarita Xirgú y otro en Arquitecto La Figuera. También a la vía pública.

Pero prosigue el análisis de quien es garante de la seguridad de los ciudadanos, quien controla y fiscaliza el buen mantenimiento del espacio urbano para evitar riesgos. Y la siguiente pregunta es sencilla: ¿sabe cuántos están en riesgo? El pasado lunes el PP hablaba de 10.500 y Cubero respondía que no tenía rigor alguno y que contradecía la versión que le aportaba su responsable de Parques y Jardines.

16.000 en RIESGO // No solo dispone de ese inventario del arbolado en vías urbanas desde noviembre del 2016, sino también un mapa de riesgos sectorializado, segregado por cada una de las zonas de actuación de la contrata y lo cierto es que los conservadores se quedaron cortos. La propia empresa FCC le envió toda esa documentación que hoy permite saber que el pino carrasco de más de 20 metros que se desplomó en el Parque Grande está en la categoría D y que el árbol de Camino de las Torres que hirió a un hombre estaba en la A.

Es la terminología que se utiliza para medir el riesgo, y que lo hace a través de nueve parámetros: daños estructura, descripción del tamaño de los mismos, de los secundarios, del tamaño de estos, la clasificación por el tamaño y estado, gálibo, diana, altura e inclinación. Así se descubre que en Zaragoza, actualmente hay 69.404 unidades en categoría A, es decir, en estado óptimo, muy sano; 14.587 en categoría B, sin riesgo; y más de 16.000 en estado grave o muy grave. Serían los 10.454 en categoría D, de riesgo extremo, y los 6.161, en estado grave, de la C.

ALERTAS VECINALES // Pero si hay alguien que detecta el riesgo con facilidad es el ciudadano de a pie que convive con estos ejemplares. El siguiente dato, en este sentido, que se podría consultar sería el volumen de llamadas que recibe el ayuntamiento alertando del peligro o las molestias. Los árboles crecen, buscan sus espacio para expandirse y, sin el adecuado mantenimiento preventivo, invaden el espacio de fachadas, afectan a casas o comercios y urgen de una actuación. ¿Cuántas llamadas se reciben al año? El dato lo tiene Parques y Jardines, pero también FCC. Y el resultado es demoledor: se han triplicado.

La estadística de hace tres años o más arrojaba entre 150 y 200 quejas o avisos que requerían de una intervención urgente de los servicios de poda. Hoy ya van por 650, aseguran desde la empresa. Ojalá este dato saliera de Servicios Públicos. Y los ciudadanos no entienden de precios por hacerlo, solo requieren de que el ayuntamiento les proteja o soluciones sus problemas. Difícilmente se puede pensar que hay vecinos interesados en enriquecer a la multinacional.

Pero es que los propios operarios que estos días se pueden observar afanados en retirar las ramas caídas a la vía pública añanden que esta tendencia al alza complica mucho su labor de cuidado preventivo. Y es ahí donde entra en juego un estándar que hoy habría que analizar si se cumple. Zaragoza tiene un plan de poda que prevé que en solo nueve años deberían haberse podado al menos una vez todos y cada uno de los ejemplares de las calles y los parques. Una ratio que, sumado a las actuaciones de urgencia, debería cuadrar en el dinero que se destina al mantenimiento ordinario. Lo cierto es que el árbol de grandes dimensiones caído el pasado domingo en el Parque Grande llevaba nueve años sin podar.

Además, Zaragoza ha tenido en los últimos años dos impulsos extraordinarios al plan de poda. El primero, motivado por la caída de un pino en la Cincomarzada que le costó la vida a una persona en el 2006. Eso conllevó la tala de un buen número de árboles en el parque Tío Jorge y en la zona de Macanaz. La otra, en el 2014, cuando pasó lo mismo en El Retiro madrileño y consideró que esa ratio de nueve años debería reducirse a la mitad, 4,5. Para ello se pensó en un contrato de refuerzo de 1,5 millones de euros anuales. Pero entonces el Gobierno del PSOE decidió aprobarlo a un mes de las elecciones. Era sencillo creer, como ahora defiende ZeC, que solo perseguía engordar los ingresos de FCC. Pero el tiempo y el viento, que no entienden de ideología, hoy la factura la están pasando en la calle.