El Consejo de Gobierno ha acordado este martes, a propuesta de los consejeros de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, y de Presidencia, Vicente Guillén, autorizar un gasto plurianual de 84.000 euros correspondiente al convenio de colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación relativo a la Oficina de Aragón en Bruselas.

La Oficina de Aragón en Bruselas está ubicada en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), donde desempeña funciones de información, seguimiento y asesoramiento sobre la Unión Europea, sus instituciones y políticas comunitarias, con especial atención a aquellas que afecten a los intereses de la Comunidad Autónoma, como establecen el protocolo general de colaboración y el convenio suscritos con el Ministerio en 2014.

Aunque este acuerdo era prorrogable indefinidamente, la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a adaptarlo al establecer un plazo máximo de vigencia de cuatro años para los convenios suscritos por cualquier administración pública, informa el Ejecutivo aragonés.

En virtud al nuevo convenio que está previsto suscribir, la Representación Permanente se compromete a prestar apoyo material e institucional a la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas para el mejor desempeño de sus funciones. A su vez, la Oficina de Aragón, entre otros compromisos, deberá contribuir a los gastos generales de la Reper por los bienes, servicios y suministros que se le presten.

A finales del mes pasado, el director general de Relaciones Institucionales del departamento de Presidencia, Julio Embid, y el director de la Oficina de Aragón en Bruselas, Carlos Gómez, mantuvieron en Madrid una reunión con el secretario de Estado en funciones de Política Territorial, Ignacio Sánchez-Amor, sobre las oficinas autonómicas en Bruselas.

El Gobierno de Aragón ya manifestó entonces que considera fundamental mantener una presencia permanente junto a las instituciones europeas para poder defender los intereses de la Comunidad Autónoma de cara a luchar contra la despoblación y mejorar e implementar las conexiones transfronterizas, por carretera o ferrocarril, con Francia.