El Ayuntamiento de Zaragoza ha reconocido una deuda con Tuzsa, anterior concesionaria del transporte público, de cinco millones de euros que quiere que se le reconozca por la vía judicial ante la falta de acuerdo con la empresa.
De este modo, el Gobierno de Zaragoza ha acordado presentar una declaración de lesividad de los precios de Tuzsa para elevarlos a un contencioso, ha informado en rueda de prensa el vicealcalde, Fernando Gimeno.
La decisión se toma como consecuencia de las auditorías e informes que se encargaron a la Universidad de Zaragoza para revisar los precios pagados a la anterior concesionaria por la prestación del servicio y que concluyeron que no estaban ajustados a la ley que regulaba los contratos del sector.
A raíz de estos informes, el Gobierno de Zaragoza acordó revisar cada una de las certificaciones desde los años 2010 a 2012, a cargo de los funcionarios y asistidos por la auditora.
Según las certificaciones, analizadas factura a factura, y de acuerdo con los nuevos precios y salarios de los trabajadores, las deudas de Tuzsa con el Ayuntamiento ascienden a 16,6 millones de euros y lo que dejó de pagar el consistorio desde diciembre a julio por no haber reconocido las obligaciones es de 21,6 millones de euros.
De modo que la lesividad final serían cinco millones, que es lo que quiere el Ayuntamiento que se le reconozca.
Según ha explicado Gimeno, "si no se hubiera hecho nada el Ayuntamiento hubiera pagado 30 millones de euros que no le correspondían".
Debido a la falta de acuerdo con la empresa es por lo que el equipo de Gobierno socialista ha decidido poner en marcha el proceso de lesividad para que se incorpore a la causa judicial abierta como consecuencia de la demanda presentada en su día por Tuzsa.
Gimeno ha subrayado la conveniencia de, en el mismo proceso, incorporar la declaración de lesividad y el reconocimiento de las deudas que tiene la empresa con el Ayuntamiento.
Si hubiera acuerdo con la empresa se tendría que dirimir en el marco de este proceso, ya que en caso contrario el consistorio, ha advertido Gimeno, "no podría reclamar nada".
En este proceso no se incluye el pago de los bonos de los autobuses a los trabajadores y sus familias que se han cargado al Ayuntamiento desde 1982 y que ascienden a 20 millones de euros, ya que se estudiará en la liquidación de la contrata de Tuzsa.
El vicealcalde ha precisado que antes del verano tiene que estar presentada la demanda sobre la declaración de lesividad, una vez argumentada por los letrados, y calcula que en otros dos meses se haría pública la demanda.
El Gobierno de Zaragoza también ha acordado volver a pedir responsabilidades por incumplimiento de contrato del edificio Azud en la ribera del Ebro contra la empresa Olimpia, adjudicataria de la construcción de dicho inmueble en 2007.
Gimeno ha puntualizado que lo que se plantea es una indemnización por incumplimiento de contrato contra esta empresa, actualmente en proceso de concurso.
