La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha manifestado su «voluntad de llegar a un acuerdo» con la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para colaborar en el coste del parque de bomberos de la institución provincial que tiene sede en la capital y presta servicio a la ciudad y varios municipios del entorno. Lo ha hecho tras el encuentro con el presidente de la Diputación, Manuel Rando, que ha destacado que, «ahora sí, el ayuntamiento está dispuesto a negociar el servicio de bomberos con la Diputación».
La alcaldesa señaló que este asunto se originó hace 36 años y que el ayuntamiento quiere «llegar al entendimiento con la DPT», por lo que ha encargado un estudio detallado de costes en un horizonte de diez años, que confeccionará una comisión técnica.
Durante la reunión, la DPT planteó un plan de pago a tres años de una cantidad anual cercana a los 1,5 millones de euros. Además, entregó a los responsables municipales un documento técnico en el que se establecen, entre otras cuestiones, que el coste de una nueva instalación de bomberos ascendería aproximadamente a 5,5 millones al año y el mantenimiento a 1,5 millones.
Estas cifras atienden al Decreto autonómico por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
Manuel Rando y el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, reiteraron su voluntad para llegar a un acuerdo y consideraron que la regularización de la actual situación respecto a la prestación del servicio no debe dilatarse en el tiempo.
El equipo de Gobierno de la DPT propuso al ayuntamiento de la capital crear una mesa técnica para determinar el coste de la prestación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en la ciudad de Teruel y, una vez que eso se determine, negociar el procedimiento del pago del servicio por parte del consistorio de la capital.
Tras calcular cuál sería el coste de crear un parque de bomberos exclusivo para la capital y la cantidad que se podría solicitar legalmente en un juicio al ayuntamiento por los atrasos incurridos en la financiación de la prestación del servicio en los últimos cinco años, desde la Diputación turolense aseguran que la última propuesta formulada «es justa y muy ventajosa para los intereses de la ciudad».
