El consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza suspenderá todos los procedimientos, actuaciones y licencias en TorreVillage, el "outlet" de Pikolín, después de que el TSJA haya declarado el proyecto "nulo de pleno derecho".
"Hoy es un gran día para el comercio de Zaragoza", ha señalado en declaraciones a los medios el responsable municipal de Urbanismo, quien se ha congratulado de la paralización de este gran complejo comercial que iba a darle "la puntilla" a los pequeños establecimientos de los barrios de la ciudad.
El plan especial para Torre Village que ha anulado el TSJA fue impulsado en octubre de 2016 por PP, PSOE y Ciudadanos, que dieron la vuelta, a través de un voto particular, al expediente que proponía el Gobierno de ZeC.
El equipo de gobierno planteaba mantener el uso industrial del suelo, mientras que lo que Muñoz ha denominado como "el tripartito de moda" consiguió con éxito que en la zona donde se situaba la antigua fábrica de Pikolín cupiera un gran centro comercial, para el que las obras estaban avanzadas.
Ahora, en una sentencia "aplastante" para el consejero, el TSJA tumba el proyecto al entender que el plan especial vulnera la jerarquía normativa, al oponerse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla dichos suelos como de uso industrial, no comercial.
En palabras de Muñoz, este plan especial trataba de convertir la excepción en norma general y los suelos en una zona comercial sin industria.
Por ello, el Ayuntamiento, que "en coherencia" no recurrirá la sentencia, anulará todos los instrumentos de desarrollo del plan especial, como el proyecto de urbanización, las licencias o las expropiaciones, las que están en tramitación y las ya concedidas.
A nivel político, el consejero ha celebrado la resolución judicial al considerar que Torre Village supone un vestigio de una política comercial que ha sido la "ruina" y que ha llevado a Aragón de ser la comunidad autónoma con menos centros comerciales a ser la segunda, solo superada por Madrid.
Ha señalado también a esta política como la causa de que el 40 por ciento de los comercios en barrios como Las Fuentes, San José o Delicias estén hoy cerrados.
La empresa Pikolín y el propio Consistorio, como demandados, deberán abonar las costas del proceso a las entidades recurrentes, entre las que se encuentran asociaciones de comerciantes de Las Fuentes o San José, de empresarios de Huesca y organizaciones políticas como ZeC, Podemos o IU.
