El vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se reunieron ayer por la tarde con los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar la negociación conjunta sobre el equilibrio presupuestario por autonomías.

Las comunidades gobernadas por el PP rechazaron los planes del Gobierno, puesto que desde su punto de vista incumplirían el compromiso de la última reunión de este órgano político, en la que se habría acordado mantener el objetivo de déficit cero. También acusan a Solbes de haber roto posteriormente aquel acuerdo con la admisión de un déficit del 0,1% del PIB. Gerardo Camps, consejero valenciano de Economía, aseguró que, además, el déficit que se admite a Cataluña supone el 80% del total y el de Galicia un 10%, informa Francisco J. Palacios.

El consejero aragonés de Economía, Eduardo Bandrés, dio ayer "un voto de confianza" a los planes del ministro Solbes, quien se ha comprometido a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de flexibilizar los criterios y resolver así los problemas que dieron lugar, la legislatura pasada, a la interposición de numerosos recursos por parte de algunas comunidades, entre ellas Aragón. Bandrés señaló ayer a este diario que el Gobierno regional no se plantea por ahora la retirada del recurso y remarcó que la reforma de la ley "debería entrar en el Congreso en otoño porque así se podrá fijar el escenario del 2006".

Cataluña y Galicia fueron las dos únicas autonomías que en la reunión del consejo del mes pasado alegaron que no podrían cumplir con el objetivo de déficit cero para los próximos tres años. Baleares y Canarias también argumentaron tener ciertas dificultades. De hecho, los representantes de estos cuatro gobiernos acudieron ayer con sus respectivos planes de saneamiento financiero bajo el brazo.

El Consejo aprobó por mayoría el objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas durante el trienio 2005-2007, con el voto a favor de las siete autonomías gobernadas por el PSOE, Canarias y Galicia. Todas las comunidades del PP se opusieron a la propuesta del Ejecutivo, mientras que Baleares, también del PP, se abstuvo.