El exconsejero de Economía del Gobierno de Aragón Eduardo Bandrés ha considerado hoy que no se dio trato de favor a Agapito Iglesias como propietario de Codesport en la construcción de naves en Plaza y ha asegurado que no tuvo ninguna relación con él hasta que éste adquirió en mayo de 2006 la mayoría de las acciones del Real Zaragoza.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria para investigar si hubo responsabilidades políticas en la gestión de la sociedad pública, Bandrés ha aseverado que hasta finales de mayo de 2006 "nunca, ni directa ni indirectamente, ni por correo electrónico, ni por SMS, ni por teléfono, ni en persona ni a través de ninguna otra persona interpuesta había tenido ningún contacto con el señor Iglesias".

Bandrés, quien fue vocal del consejo de administración de Plaza desde el año 2000 hasta su dimisión como consejero del Gobierno de Aragón en junio de 2006 para ser presidente del Real Zaragoza, ha explicado que el consejo conoció el contrato de venta de naves a Autocity, y se valoró como "un logro", y que nadie advirtió ante los cambios, ni los asesores jurídicos, de la posibilidad de que fuera necesaria una nueva licitación para su construcción de la adjudicada a Codesport.

Ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad, que nunca se le negó información, y además no lo habría permitido porque es una obligación estar informado para la toma de decisiones, y que había mecanismos de control "adecuados y suficientes" en Plaza.

Preguntado por el portavoz del PP, Antonio Torres, si cree posible que todas las edificaciones fueran a parar a la misma empresa con principios de publicidad y concurrencia, ha hecho hincapié en que ningún miembro del consejo entendió que había algún tipo de actuación irregular "y mucho menos ilícita".

En cuanto a la licitación de obras con los precios "en blanco" para que los contratistas propusieran sus propios precios, ha indicado que nadie en el consejo puso pegas, y respecto al "documento cero" firmado entre Autocity, Codesport y Plaza respecto de la construcción de naves, ha asegurado que lo conoció cuando se lo enseñó el juez de instrucción.

Ha explicado, además, que se le encargó a finales de 2000 la selección de un gerente con unos requisitos profesionales concretos y una horquilla salarial entre 90.000 y 120.000 euros, que se entrevistó con cuatro o cincos personas y que de los dos candidatos que quedaron propuso el nombramiento de Ricardo García Becerril -imputado actualmente en cuatro causas abiertas por supuesta malversación de caudales públicos en el desarrollo de Plaza