La Asociación de Consumidores y Usuarios de Candanchú (ACUC) y el Ayuntamiento de Aísa, término municipal al que pertenecen la estación de esquí y su urbanización, se encuentran enfrentados por el cobro de los servicios municipales. La limpieza de la calles, el agua y la recogida de vertidos, así como el alto precio que tiene el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) han creado un conflicto administrativo que desde hace diez años está en procesos judiciales.

Los integrantes de ACUC aseguraron la semana pasada que el consistorio está embargando en torno a 1.800 euros de cuentas corrientes en concepto de recibos del agua del trienio 1994-96 pese a que han ganado las distintas demandas judiciales planteadas y llegaron a un acuerdo con el consistorio de Aísa. Además, los residentes apuntan que los embargos están afectando a familias que entonces no eran propietarias.

Desde el Ayuntamiento de Aísa, cuyo alcalde no quiso referirse al tema, se señaló que se está actuando legalmente. "El proceso va a seguir adelante, hasta que se cumpla todo lo que está pendiente", aseguró.

DESDE HACE CASI ONCE AÑOS La ACUC, que integra a 1.200 familias propietarias de algún inmueble en Candanchú, recuerda que los hechos se remontan a 1994. Entonces, el ayuntamiento encargó a una sociedad privada, Candanchú SA, prestar los servicios públicos correspondientes, como alumbrado, saneamiento, suministro de aguas o limpieza a cambio de los beneficios por la venta de parcelas y apartamentos.

Los integrantes de la asociación apuntan que el consistorio asumió la prestación de los servicios, por lo que se repercutió un coste que los vecinos tildan de "abusivo". Como ejemplo, señalan los más de 246.000 euros que se les reclama por un quitanieves. El conflicto terminó en los tribunales que, según la ACUC, "dieron la razón a los residentes".

Otra sociedad privada se hizo cargo de los servicios. "Estableció unos precios por suministro de agua y vertidos que alcanzaban los 450 euros anuales", apuntan. Los vecinos de Candanchú no realizaron ningún abono y presentaron un recurso ante los tribunales, a la vez que la sociedad cesó el servicio y reclamó al consistorio una indemnización millonaria. Los tribunales dieron la razón al ayuntamiento frente a la empresa privada.

Los propietarios de los apartamentos sostienen que el ayuntamiento pretende reclamar tras su batalla judicial el pago de dos millones de euros a los residentes y comercios de Candanchú. Una reclamación que desde la ACUC se considera "improcedente" porque "no es un gasto realizado, por ser una valoración absolutamente desproporcionada y por haber un acuerdo posterior entre ACUC y municipio, justo y equitativo, fijado en 30,06 euros anuales por apartamento, que cubre el costo del servicio de aguas y que fue publicado como ordenanza".

Ante los embargos, la ACUC señaló que la cantidad está abonada y advirtieron de que volverán a llevar el tema a los tribunales con una actitud "beligerante".