Boné rechaza que los municipios del PAR recibieran más subvenciones del IAA

Boné ha abierto hoy la séptima sesión que celebra, con comparecientes, la comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas en el plan de depuración y saneamiento de las Cortes de Aragón, donde ha calificado de “sesgados” los datos proporcionados por De Santos referidas a las subvenciones que otorgó el Instituto Aragonés del Agua a 670 municipios, amparadas en el convenio firmado por el Ejecutivo aragonés y el Ministerio de Medio Ambiente de 2008.

“Yo no repartía el dinero porque no lo podía hacer”, ha insistido Boné, aunque De Santos ha puesto sobre la mesa algunos datos de un informe encargado por Podemos a una consultoría económica del que se desprende que en el reparto de las subvenciones para acometer fundamentalmente obras de abastecimiento y alcantarillado salieron “claramente beneficiados” los municipios del PAR.

“Será que los municipios del PAR tenían más tuberías de plomo que sustituir que el resto”, ha ironizado De Santos.

Pero Boné ha considerado este planteamiento “muy poco serio”, y ha justificado su argumentación en el hecho de que los municipios gobernados por el PAR, en torno a 200 en su época, eran mucho más pequeños y, por tanto, la cantidad que recibían calculada por habitante tenía que ser necesariamente mayor.

Si algún municipio no recibió las subvenciones solicitadas, algo que ha dicho desconocer, no fue “por cuestiones políticas ni por animadversión”, sino por cuestiones técnicas, teniendo en cuenta, ha dicho Boné, que “los papeles” se elaboraban en el IAA.

El convenio que firmaron en abril de 2008 el propio Boné y la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, encomendaba a la Comunidad Autónoma la ejecución de las obras de depuración de núcleos y ríos pirenaicos declaradas de interés general del Estado y fijaba la financiación de actuaciones del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

De los 142 millones que finalmente contempló el convenio a aportar por el ministerio a la Comunidad, se fijó que 105 se iban a destinar a obras de abastecimiento, 27,7 a saneamiento y 9 a mejoras en los cauces.

A cambio, la Comunidad tenía que ejecutar completamente, con fecha 31 de diciembre de 2016, las depuradoras de las cabeceras de los ríos pirenaicos y las del plan especial de depuración, 433 en total de las que a finales de 2015 solo se habían hecho 120, según el informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización del IAA en ese ejercicio.

Boné ha dicho que cuando él llegó al Gobierno ya se encontró un plan de saneamiento y depuración que se había aprobado en 2001 con el objetivo de cumplir las directivas europeas en la materia, pero que se había ejecutado apenas, ya que preveía la primera construcción de 175 depuradoras y solo había hechas 35.

Por eso, como era un problema urgente que había que solucionar y ante la falta de liquidez en el presupuesto autonómico, y en concreto en el IAA, se tomó la decisión, que Boné ha recordado que fue refrendada por el Consejo de Gobierno que presidía entonces el socialista Marcelino Iglesias, de recurrir al sistema de concesión de obra pública para llevar a cabo las depuradoras.

Un sistema “eficaz”, previsto en la ley y que tenía como beneficios una mayor seguridad a la hora de acometer el mantenimiento de las depuradoras y que se transmitían los riesgos a las empresas concesionarias.

Por eso, al tener ya resuelto el procedimiento para su construcción, Boné ha explicado que al negociar los términos del convenio con el ministerio, él mismo le trasladó a la ministra la necesidad de que la cantidad prevista para construir las depuradoras del Pirineo y del plan especial de depuración se usaran para otras obras del ciclo especial del agua.

Estas se incluyeron en el anexo IV del convenio, se aprobaban “una por una” en la comisión mixta que hacía el seguimiento del convenio y, por lo tanto, haberlas utilizado para otro fin habría supuesto incurrir en “prevaricación”, según Boné.