Caja Rural de Teruel aprobó ayer los relevos en la presidencia y en la dirección general de la entidad a lo largo de una asamblea en la que se destacó que al cierre del ejercicio del 2018, el coeficiente de solvencia es de 12,25%, superior al exigido y la ratio de eficiencia del 47,73%, cifras que mejoran las del sector.

Así lo defendieron los responsables de la entidad durante la asamblea general celebrada en Teruel, en la que se aprobó el cese del presidente de la entidad, Jerónimo Carceller. También cesaron otros cinco consejeros y se aprobó la entrada de seis nuevos, para alcanzar los doce que conforman el consejo, de entre los que se elegirá al nuevo presidente cuando todos tengan el visto bueno del Banco de España y pueda formarse el nuevo órgano rector.

También en esta asamblea se dio cuenta de la baja de José Antonio Pérez Cebrián como director gerente, cargo que ostentaba desde hacía 27 años, que accedió a su jubilación anticipada de mutuo acuerdo con el consejo y que recientemente salió elegido presidente de CEOE Teruel, cuyo relevo está pendiente.

Carceller explicó en la rueda de prensa posterior a la asamblea que ha sido un ejercicio «complicado por las nuevas regulaciones» del sector, que llevarán a que en España «el crédito se va a restringir».

En ese contexto, incidió en la «garantía» que supone contar con depósitos en la Caja Rural, líder en la provincia de Teruel y manteniendo empleados y oficinas.

En este marco de estabilidad situó la decisión tomada en el 2018 de incorporación al Mecanismo de Refuerzo de Solvencia y Liquidez (MIP), lo que permitió a la entidad utilizar sus recursos para hacer un saneamiento de riesgos y garantizar así que, en caso de impagos, pudiera afrontar unos márgenes financieros reducidos.

Caja Rural de Teruel tenía autorizadas por la asamblea general de socios del 2017 ampliaciones de capital por 36 millones de euros hasta el 2020, de los que utilizó 6. Tras las dotaciones realizadas durante el 2018, la Caja ha reforzado sus recursos propios mediante la ampliación 25 millones de euros para cubrir el coeficiente de solvencia establecido por el regulador financiero.

Con ello alcanzará un nivel de solvencia por encima del 15,77%, por encima de los requisitos, de forma que tras la ampliación de capital tendrá los mecanismos para hacer más ágiles las operaciones con el capital social de la entidad. La proyección de futuro es positiva, pues la caja tuvo 10,5 millones de euros de beneficio hasta mayo de este año.