Alrededor de cuarenta cargos públicos de treinta municipios de diez Comunidades autónomas se reúnen hoy en Zaragoza para estudiar cómo recuperar por la vía política y legislativa los bienes inmatriculados por la Iglesia y pedir al Gobierno la publicación del listado completo del patrimonio "expoliado".
"No es un tema religioso ni contra las creencias religiosas" sino de titularidad patrimonial, ha explicado a Efe el portavoz adjunto de la Coordinadora Recuperando, Jorge García, con motivo de esta reunión que se celebra esta tarde en el Centro de Historias de Zaragoza y que continuará mañana con la tercera asamblea de la organización integrada por veinte entidades y que mañana dará la bienvenida a otra media docena.
García ha recordado que los últimos datos reconocidos por la Iglesia hablaban de entre 30.000 y 40.000 bienes inmatriculados desde 1998 a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria de 1944 que aprobó el Gobierno de José María Aznar, pero la Coordinadora tiene constancia de que antes de esa fecha ya se había inmatriculado bienes.
Según esta organización, la Iglesia ha cometido "fraude de ley" puesto que los espacios de culto no se podían inmatricular antes de 1998.
El listado parcial que maneja la Coordinadora Recuperando cifra en 2.023 los bienes de los que la institución eclesiástica se ha apropiado en Aragón desde 1998, de ellos 63 en Zaragoza capital; unos tres mil en Burgos; 1.083 en Navarra; más de cuatrocientos en Córdoba, otro centenar en Baleares y cincuenta en Granada, entre otros.
A estos se sumarían los incorporados a la titularidad de la Iglesia con anterioridad a esa fecha y que, en opinión de García, es una acción "nula de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida".
El motivo es que, apunta, la Iglesia se acogió a una normativa franquista por la que registraba a su nombre el bien "mediante una autocertificación sin ningún título de propiedad".
La Coordinadora Recuperando exige en primer lugar el "derecho a la información" y que el Gobierno haga público el listado completo para poder cuantificar los bienes pero acompañado de una "nota simple", es decir, qué bienes, porque no son solo templos religiosos, y dónde se ubican.
A partir de ahí son los partidos políticos, parlamentos, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones provinciales o instituciones públicas las que deben decidir por qué métodos o resoluciones recuperar ese patrimonio "de todos los españoles".
Desde la Coordinadora Recuperando no son además partidarios de recurrir a la vía judicial para revertir la titularidad de los bienes porque es "tediosa y se podría prolongar durante años", ha apuntado García.
