El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha dicho hoy que el proyecto de ley sobre la justicia gratuita es "absolutamente catastrófico" e "inadmisible" y ha reclamado una mejora en su tramitación parlamentaria para no aumentar los problemas de este servicio.

El representante de los abogados españoles ha hecho estas consideraciones durante un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, en el que ha comparecido junto al decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Ricardo Morán.

Para Carnicer, "las cocinas" del ministerio están haciendo una nueva ley de justicia gratuita "peor" que la actual, con "hasta ocho episodios absolutamente inadmisibles que tienen que renovarse para que no generemos más problemas de los que tenemos".

Entre ellos, se ha referido al ámbito territorial del turno de oficio que, según el proyecto de ley, permitirá a los abogados de los 83 colegios que existen, independientemente de donde residan, prestar este servicio de justicia gratuita en cualquier ciudad.

Tras indicar que el actual sistema garantiza la libertad y la independencia de los abogados y permite vigilar la deontología en la práctica profesional, ha afirmado que la proximidad al abogado defensor es fundamental porque si no el servicio del turno de oficio "no tendrá ninguna calidad", si "es que resulta posible" su prestación.

En este sentido, ha recordado que, con las escasas retribuciones que perciben los abogados de oficio, un letrado residente en Zaragoza que tenga que trasladarse a Cádiz para una separación matrimonial no tendrá ni para pagar el primer viaje que haga en AVE.

Por ello, ha emplazado a que cada abogado ejerza en el ámbito territorial en el que está matriculado porque así se facilita también el orden necesario para organizar el complejo servicio del turno, sobre el que, ha destacado, se presentan pocas quejas a pesar de los numerosos asuntos que se tramitan.

Otra de las cuestiones que a su juicio no deja claro el proyecto de ley es que no están garantizadas "de ninguna manera" las prestaciones económicas para los abogados del turno de oficio, para los que ha defendido un salario.

Sobre este asunto, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha incidido en que es "sorprendente" que una norma que no da especiales problemas haya que cambiarla y si se hace es "realmente lamentable". Ha criticado que en el proyecto, para evitar un abuso del derecho según lo justifica el propio proyecto, se limiten a tres las designaciones diarias de un abogado de oficio y que se cargue con más burocracia a los colegios de abogados, que se verán obligados a facilitar estadísticas.

Ante los problemas surgidos en otras comunidades sobre las retribuciones del turno de oficio, Moran ha precisado que en Aragón la situación "está estabilizada" y que sólo "esta pendiente de cobro" por parte de los tres colegios el tercer trimestre del año 2013, fruto de unas comprobaciones sobre las facturaciones de los 3.600 asuntos que hubo en ese periodo. Según el último informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, que se ha distribuido en esta rueda de prensa, la inversión en Aragón destinada a la justicia gratuita ha disminuido en un 8 por ciento en 2013, 3,8 millones de euros en total frente a los 4,1 del año anterior.

En la provincia de Zaragoza, el año pasado se asignaron un total de 20.505 asuntos, un 5 por ciento menos que en 2012, a los servicios básicos de la justicia gratuita, de los que 11.664 fueron al turno de oficio, 8.010 asistencia al detenido y 831 a víctimas de violencia de genero.

Sobre la nueva ley, también ha hablado la responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados, Yolanda Monpel, quien ha señalado que es "muy restrictiva", no contempla la asistencia previa, que podría evitar iniciar algunos procesos, ni la presencia de intérpretes para una asistencia digna a los extranjeros.

Las principales objeciones que ponen al proyecto de ley han sido recogidas en un manifiesto que se ha leído en una concentración celebrada ante la estatua del Justicia de Aragón (defensor del Pueblo), encabezada por la junta de gobierno del colegio de abogados.