El juicio por la propiedad de 111 piezas de arte sacro expuestas en el Museo de Lérida quedó ayer visto para sentencia. Aragón, representada por los letrados Joaquín Guerrero y Alberto Gimeno, sostuvo que la Generalitat debe devolverlas a sus «legítimas propietarias», las parroquias oscenses de las que fueron saliendo desde finales del siglo XIX hasta bien avanzado el XX. Se basaron para ello en una resolución del Vaticano del 2007 y en el hecho de que el Museo de Lérida no aportara durante el juicio, que duró dos días, pruebas documentales fehacientes de que había adquirido las obras de arte.

Sin embargo, Cataluña mantuvo que la sentencia del Vaticano carece de validez jurídica reconocida en España e invocó la conocida como sentencia Mieras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que establece duras limitaciones para la salida de obras de arte de la comunidad, independientemente de quién sea su propietario. «Según esa sentencia, que tiene plena validez, las obras reclamadas por las parroquias y el Obispado de Barbastro-Monzón no pueden salir de Lérida», subrayó ayer Jordi Vives Folch, abogado del Consorcio de los Museos de Lérida Diocesano y Comarcal, una entidad en la que participan tanto la Iglesia como la Generalitat.

«Los letrados catalanes quieren dar a entender que la sentencia canónica no tiene validez y, de esa forma, retrotraer las actuaciones 25 años», denunció Alberto Gimeno, que defendió los intereses de la comunidad aragonesa en el juicio civil celebrado ayer y el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Barbastro.

En su opinión, la resolución Mieras «no busca más que poner trabas al proceso judicial, generando dificultades al juez encargado del asunto».

Alberto Gimeno mostró su extrañeza ante la táctica seguida por los abogados del Obispado de Lérida y de la Generalitat durante la vista oral. «Dicen que son propietarios de las piezas, pero no han aportado ni un solo recibo, ni una sola factura o contrato que demuestre que el obispado leridano compró las obras en litigio», explicó.

En su opinión, compartida por el letrado Joaquín Guerrero, que representa al Obispado de Barbastro-Monzón, el Museo de Lérida guarda esas piezas en calidad de depósito.

«Eso significa que puede conservarlas, restaurarlas y exponerlas, pero en calidad de depositario museístico, no como propietario», dijo Gimeno. «En realidad, no tiene títulos de propiedad al no haber ni un solo contrato que muestre cómo se hizo con ellas», añadió.

El letrado de la Diputación General de Aragón manifestó su sorpresa por el hecho de que la Generalitat enumeró una serie de conceptos por los que Aragón debería pagar, supuestamente, por la conservación de las piezas en el Museo de Lérida y, sin embargo, «en ningún momento ha fijado una cantidad concreta».

El letrado aragonés Jorge Español, que intervino en la vista de Barbastro en calidad de colaborador de Guerrero, manifestó por su parte que «no solo no hay contratos acreditativos de operaciones de compraventa, sino que, además, ese tipo de negocios y transacciones estaban estrictamente prohibidas a los sacerdotes por la normativa eclesial». Español indicó que la resolución del juicio reviste una gran complejidad y que la sentencia podría demorarse más de un mes.