La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha exigido que los sistemas de registro de jornada se implanten en las empresas preferentemente previa negociación colectiva o acuerdo de empresa, como establece el Real Decreto que lo regula, para evitar abusos con los datos personales.
En rueda de prensa con motivo de la presentación este viernes del informe sobre negociación colectiva en Aragón 2018, Vicente ha recalcado que es fundamental que el registro de la jornada se establezca con garantías jurídicas y que los trabajadores conozcan cómo se van a gestionar los datos.
El sistema de fichaje tiene que respetar la intimidad del personal, ha insistido la secretaria de Acción Sindical, quien ha recomendado no instalar sistemas de huella dactilar si no se sabe fehacientemente cómo se va a tratar la información o no ha habido negociación colectiva, porque a partir de la huella se puede obtener "más información de la necesaria" para el control horario.
Asimismo, Vicente ha recordado que si las empresas deciden implantar un sistema de geolocalización para aquellos empleos que no tienen un puesto físico de trabajo, se debe garantizar que no se localice al trabajador fuera de la jornada laboral.
El registro de la jornada diaria, que entró en vigor el pasado domingo 12 de mayo, no ha salido "en los términos y condiciones acordadas", ha aseverado Vicente, pero es un derecho laboral "necesario" para controlar los excesos de jornadas.
En este sentido, CCOO cifra en ocho millones las horas extra que se realizan al año en España y en más de dos millones las que no se cobran ni se disfrutan.
La crítica por parte de las empresas a esta normativa, ha indicado Vicente, viene por el control que a partir de ahora se va a ejercer sobre las compañías.
La secretaria sindical ha remarcado que este real decreto afecta también a las empresas que ya contaban con un sistema de fichaje, pues a partir de ahora deberán conservar el registro de horas de cada trabajador durante cuatro años y facilitar esa información a la Inspección de Trabajo, a la representación legal y al propio empleado.
Las empresas tienen un mes desde la entrada en vigor del real decreto para aplicar el sistema de registro de la jornada, siempre y cuando se encuentre en proceso de negociación, ha explicado Vicente.
En caso contrario, y en cualquier caso a partir de junio, la Inspección procederá a sancionar a las empresas incumplidoras.
