La posible privatización del servicio de mantenimiento de las carreteras del Gobierno de Aragón ha puesto en pie de guerra a los principales sindicatos de la comunidad. «Queremos saber si estamos ante un globo sonda o algo que de verdad van a poner en marcha», han asegurado este lunes los delegados sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) tras encerrarse a primera hora de ayer en el Gobierno de Aragón para defender que la reparación viaria siga siendo «un servicio público».
El detonante de este encierro han sido las diversas licitaciones de compra de material y conservación para la red autonómica de carreteras que el consejero José Luis Soro alega que transmitió el pasado viernes a los líderes sindicales.
La protesta comenzó a las ocho de la mañana cuando entre 20 y 25 delegados de los comités de empresa de Huesca, Zaragoza, y Teruel se instalaron en la cúpula Guara del edificio Pignatelli donde estaba previsto abrir las plicas de uno de los contratos. La intención inicial era permanecer 24 horas dentro del edificio, sin embargo, a las 18.30 los concentrados han abandonado el encierro sin incidentes reseñables.
El secretario del sector autonómico de UGT Aragón, Antonio Herrera, señaló que alentaron la movilización al considerar que las licitaciones implican «un aumento considerable del dinero que se da a las empresas privadas en detrimento del empleo público». Lo ven como una recuperación del Plan Red que en la etapa de Luisa Fernanda Rudi apostó por este tipo de colaboración público-privada. «Al final lo tuvimos que pagar entre todos los aragoneses», denunciaron.
SIN ENCUENTRO OFICIAL
En el tiempo que estuvieron encerrados los responsables del departamento evitaron el contacto con los sindicalistas. Solo recibieron la visita «malhumorada» del secretario general técnico de la consejería, Juan Martín, y un desabrido saludo en los pasillos del director general de Carreteras, Bizén Fuster.
Lamentaron que desde el departamento no se haga caso a las reivindicaciones de los empleados públicos al tiempo que aparecen fondos para cerrar licitaciones con empresas. El secretario general de la sección sindical de CCOO en la DGA, Paco González reclamó que se garantice el empleo «durante los 25 años» que se plantean las concesiones. Afectan al 28% de la red autonómica, es decir, unos 5.700 kilómetros. «No queremos tener que estar con los brazos cruzados, mientras las empresas privadas están trabajando», manifestó.
Desde los sindicatos temen que este proceso de licitación de los contratos de mantenimiento suponga un «sobrecoste» para las arcas públicas. Consideran que la plantilla se ha reducido un 25% y que 15 vehículos están inmovilizados porque no pasan las inspecciones de seguridad a causa de su envejecimiento.
Formaciones como IU defendieron que la Administración se encargue del mantenimiento de todas las carreteras de titularidad pública porque «es más barato, más eficaz y más seguro».
"OSCURANTISMO"
Los representantes sindicales denunciaron además el «oscurantismo» con el que se ha actuado desde la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, con José Luis Soro, de CHA, al frente. «Queremos garantía de empleo, de actividad y de inversión en maquinaria, con esos tres ejes estamos dispuestos a hablar», agregaron, al tiempo que han reclamado compromisos en los presupuestos «y se diga la verdad mediante el cauce normalizado” de interlocución y no «a través de los medios de comunicación o del BOA».
La próxima reunión con los sindicatos será mañana. En ella se abordará la renovación de la flota de vehículos y maquinaria. «Solo queremos explicaciones claras y suficientes», expresaron antes de abandonar el encierro.
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, manifestó ante el encierro sindical su «rabiosa defensa con uñas y dientes del modelo de conservación de carreteras autonómicas desde lo público». Además, precisó que los contratos de conservación objeto de la protestas «existen desde hace 12 años» y que el próximo mes de julio vencen los existentes por lo que se inició una licitación pública por el mismo importe que hasta ahora, con la diferencia de que tienen una vigencia de dos años y medio, prorrogables por dos años y medio. «No ha habido incremento», precisó. También defendió que se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores durante las últimas legislaturas.
