CGT pide al Gobierno de Aragón que estudie asumir la gestión del 061

"Las empresas ofrecen servicios que no cumplen y el concurso es deficitario desde el mismo momento en el que la DGA lo publica en el perfil del contratante", según ha denunciado Carlos Jesús Bona, trabajador de emergencias y urgencias del 061 y representante del comité de empresa que ha lamentado una práctica que se repite concurso tras concurso.

"Muchas empresas entran pensando que van a obtener un beneficio con la gestión del servicio y recortan en vehículos y desinfecciones y cometen abusos con los trabajadores, como no subirles el salario mínimo", ha declarado.

A su juicio, "la base de todos los males" del servicio se encuentra en que el 85 por ciento de los 77 millones de euros del último concurso se van en nóminas, algo que, ha recalcado, afecta tanto a los trabajadores como a los aragoneses que lo puedan necesitar.

Como ejemplo, ha mencionado las "innumerables visitas al taller" por las constantes averías de los vehículos --ahora reemplazados-- de una flota sobre la que ha recordado que el anterior gerente estimó que la empresa Acciona Health Service se había ahorrado 1,5 millones de euros.

"El hombre de la grúa ya es un compañero más del servicio", ha comentado con sorna para recordar que de los cinco vehículos incorporados con la pandemia, sin aire acondicionado, sólo tres han estado en funcionamiento. Sobre este asunto, su compañero Rubén Morillas ha abundado que eran vehículos "no asistenciales" y llegaron de otras comunidades autónomas "con un largo uso".

Frente a ello, Bona ha destacado el paso dado por Baleares en favor de la "internalización" del servicio lo que, a su juicio y el de sus compañeros isleños, ha conllevado la mejora de su calidad. "Los vehículos de repuesto están preparados en caso de avería, todos llevan los mejores adelantos y el personal recibe una formación continua, no como aquí, porque tras dos años Acciona no ha formado a nadie", ha lamentado.

Ante esta situación y tras constatar que "Acciona no quiere la prórroga de dos años porque no le interesa", el portavoz sindical ha reclamado a los parlamentarios que se pongan a trabajar para resolver esta situación "ahora que hay tiempo, a un año y medio del siguiente concurso" y ante la perspectiva de que desde Europa se pueda acabar prohibiendo el sistema de localización de ambulancias que en las zonas rurales lleva a que los trabajadores no aguarden la llamada de urgencia desde una base, sino desde sus domicilios, lo que aumenta el tiempo de respuesta hasta la media hora.

Material adicional

Por parte de los grupos, la diputada socialista Ana Arellano ha recordado que los pliegos "se mejoraron con algunas condiciones que ellos mismos recomendaron", pero ha reconocido que "todo es mejorable". Por otra parte, ha explicado que "desde la pandemia se han incluido servicios y material adicionales".

Desde el Partido Popular, el diputado José Antonio Lagüens ha defendido que "los problemas de conflictividad laboral son preocupantes y deberían resolverse a la mayor celeridad posible". Además, ha reconocido la labor de los trabajadores durante la pandemia.

La diputada de Cs Elisa Sacacia ha lamentado que "bastante carga de presión tiene el trabajo como para añadir presión por las condiciones". "Debería cumplirse el pliego al pie de la letra y, si no, el Gobierno de Aragón debe intervenir e imponer las sanciones necesarias", ha añadido.

Desde Podemos, el diputado Nacho Escartín ha señalado que "la calidad del servicio es mejor cuando se gestiona bien y con eficacia desde lo público". Además, ha recordado que su grupo ya advirtió de que "el pliego perjudicaba la calidad laboral de los trabajadores y que la vía era la internacionalización".

La diputada de CHA Carmen Martínez ha defendido que es su "deber reconocer los servicios públicos y fortalecerlos". En este sentido, ha insistido en que "si algo ha quedado claro es la importancia de lo público para gestionar situaciones como las producidas por la pandemia".

El parlamentario de VOX David Arranz ha solicitado la creación de "una inspección en condiciones y pública porque esto es una subcontrata y la Administración tiene la obligación de velar por que se cumpla lo pactado".

Por último, la diputada Esther Peirat, del PAR, ha mostrado su preocupación por esta situación "ante la gravedad de las denuncias" y se ha comprometido a trasladarlas al Departamento de Sanidad para que "tome conocimiento y actúe en el ámbito de sus posibilidades". Además, ha asegurado que insistirá "en la revisión del servicio".