Chunta Aragonesista reclamó ayer que se adopten "soluciones" para remediar la "pésima situación" en la que están las cárceles en todo el país, pero especialmente las de Aragón, toda vez que los centros de Daroca y Teruel están incluidos en la lista de 32 en situación "de deterioro", elaborada recientemente por el Gobierno central.

El responsable de Política Social de CHA, Antonio García, recordó ayer que el Gobierno ha reconocido que 32 centros penitenciarios de todo el Estado están en situación de deterioro y entre ellos se encuentran dos de las tres cárceles aragonesas. En la lista no aparece la macrocárcel de Zuera, que fue inaugurada en verano del 2001, aunque ya está padeciendo problemas de masificación de internos.

SOLUCIONES URGENTES Para Chunta Aragonesista, hay que "atajar esta situación de modo urgente".

Respecto a la cárcel de Teruel, la formación nacionalista indica que estas instalaciones se encuentran ubicadas en el casco urbano de la ciudad, su población reclusa es baja, no existe módulo de mujeres y no tiene un servicio de abogados de oficio en materia penitenciaria. El propio fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel ha calificado de muy deficientes las instalaciones de la prisión provincial. Las sucesivas memorias fiscales han denunciado la existencia en ese centro penitenciario de dormitorios comunes para más de catorce presos y la escasez de aseos, así como la masificación del centro.

En cuanto al centro penitenciario de máxima seguridad de Daroca, Chunta Aragonesista recalca que los problemas son, si cabe, "mayores" que los de la cárcel turolense y las denuncias han sido "constantes" a pesar de su relativamente reciente apertura, en 1984.

En este centro, indicó García, se ha denunciado de forma reiterada la existencia de "deficiencias y precariedades" que afectan a "prácticamente todos los ámbitos del recinto, sea talleres productivos, enfermería o servicios"

Por ello, el diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Labordeta, va a promover la presentación de diversas iniciativas parlamentarias con el fin de conocer qué medidas piensa tomar el Gobierno para dar cumplimiento a las demandas presupuestarias realizadas desde la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias para los ejercicios 2005-2008 en la línea de mejorar estas deficiencias.