Asociaciones de transportistas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Aragón advirtieron ayer que el cierre de las centrales térmicas en España generará la pérdida de hasta un millar de puestos de trabajo en estas cuatro comunidades autónomas. En un comunicado conjunto, estas organizaciones destacaron que alrededor de mil camiones trabajan diariamente en el sector del carbón y de las térmicas, 350 de ellos en Castilla y León, 300 en Asturias y 150 tanto en Aragón como en Galicia.
Los transportistas expresaron su «profunda preocupación» ante las posiciones favorables de miembros del Gobierno central a la «descarbonización» del sector energético y al cierre de las plantas térmicas en España.
Así, aseguraron que la supresión de estas centrales generaría consecuencias indirectas «graves» para el sector del transporte, con una pérdida que estiman de un millar de trabajadores en comunidades autónomas «con graves problemas laborales, con escasas salidas de trabajo y ya desindustrializadas».
«La desaparición de una rama especializada del transporte de carbón, con unos vehículos muy específicos y de difícil reconversión, hará que se pierdan cerca de mil puestos de trabajo», insistieron las citadas asociaciones.
Por ello, las organizaciones representativas del sector del transporte de mercancías en Galicia (Fegatramer), Asturias (Asetra-CETM), Aragón (FET Aragón) y Castilla y León (Fetracal) exigieron al Gobierno que valoren previamente el impacto del cierre de las centrales antes de tomar una decisión.
Así, instaron a sopesar «todas las consecuencias para todos los sectores afectados» y a «tener en cuenta los miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que se perderían y el daño social y económico que se provocaría».
Además, estas organizaciones empresariales reclamaron al Gobierno que proponga fórmulas alternativas que posibiliten la reconversión de los vehículos de transporte de carbón, «con unas características muy específicas que imposibilitan su función en otros sectores».
UNA «GRAVE INJUSTICIA» / Consideraron, además, que sus asociados no se encuentran en una «situación de igualdad» con otras modalidades de transporte a las que se subvencionan sus pérdidas, lo que, a su juicio, supone «una grave injusticia para el sector del transporte de mercancías por carretera».
Un sector, subrayaron, que aporta más de 12.000 millones de euros al año a las arcas del Estado, «sin obtener una respuesta adecuada a su potencial, lo que lleva a un deterioro del sector que no se puede consentir».
El final del sector del carbón en Teruel todavía no está escrito aunque todo haga pensar que tiene los días contados. La Espada de Damocles se cierne desde hace años -incluso, décadas- sobre una actividad minero-eléctrica que sigue siendo la columna vertebral de buena parte de la economía de la provincia y de la que dependen de manera directa en torno a 600 empleos.
Lo peor, sin duda, es que a día de hoy no hay alternativa industrial ni laboral en la zona a este monocultivo. Andorra y Ariño son las únicas localidades que aún albergan minas.
