Cinco personas extranjeras han sido detenidas en Zaragoza por agentes del Cuerpo Nacional de Policía como presuntos miembros de una organización dedicada a falsificar documentos para favorecer entrada ilegal de inmigrantes en España. Los detenidos han sido acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, asociación ilícita y falsedad documental.

La operación policial comenzó con la detención, el pasado diciembre, de Antonio de Jesús C. A, natural de Guinea Bissau. Este individuo era considerado por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, el máximo responsable de una organización internacional dedicada a la falsificación de carnets de identidad y de conducir y tarjetas de residencia portuguesas. Labores por las que cobraba entre 300 y 500 euros.

Al registrar su domicilio, se descubrió que contaba con la colaboración de otras personas en la provincia de Zaragoza, que se encargaban de captar inmigrantes ilegales, principalmente de origen africano, y proporcionarles estos documentos.

Los investigadores policiales procedieron entonces, de forma paulatina, a detener a numerosos extranjeros portadores de cartas de identidad de Portugal falsas que les habían sido proporcionadas por Octavio P., natural de Cabo Verde.

Este era titular de una empresa dedicada a subcontratas en el sector de la construcción y regentaba un pub en Zaragoza con clientela africana y sudamericana.

En virtud del dispositivo policial establecido para detener a los relacionados con los hechos, el pasado 9 de marzo se procedió a la detención de Octavio P. y al registro de su domicilio, donde se encontraron numerosos documentos y pruebas que le implican en estos delitos, como sellos de caucho, ordenadores y material informático.

También se logró identificar a uno de sus colaboradores, Fidelis N. C, de Guinea Bissau, quien realizaba funciones de enlace entre éste y Antonio Jesús C. A. y que fue detenido el día 11. Los otros dos detenidos son Tyrone Luis C. B, natural de Ecuador, y José Da Silva G. M, de Cabo Verde.

Todos ellos han pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Zaragoza, una vez finalizadas todas las diligencias previas. Los beneficios que se estiman que esta banda podría haber conseguido se elevan a 60.000 euros.