El Juzgado de Tarazona realizó ayer diligencias con varios peritos en relación con los distintos vehículos adquiridos por el clan de Zapato Veloz, implicado en una supuesta extorsión al párroco de Borja.
Las pruebas periciales, solicitadas por el abogado de la familia gitana, Sergio Pérez, iban encaminadas a demostrar que los coches, lejos de ser automóviles de lujo, son en realidad vehículos sin apenas valor económico y en mal estado de conservación y funcionamiento.
Sergio Pérez, que mantiene la inocencia de sus cinco defendidos, se propone demostrar que los coches apenas costaron dinero. De esta forma trata de aclarar que no hubo una ganancia ilícita de sus patrocinados y que estos adquieren habitualmente coches de distintos tipos cuyo denominador común es su bajo coste, dadas las condiciones en que se encuentran.
Esta diligencia se celebra después de que un testigo fundamental del caso del párroco de Borja declarara a mediados de marzo que no desea ejercer acciones penales contra el sacerdote, Florencio Garcés, por la supuesta comisión de delitos de carácter sexual.
La actitud de este testigo vacía de contenido en parte la causa investigada en el Juzgado de Tarazona, dado que previamente este mismo protagonista había mantenido que el sacerdote había obtenido de él, abusivamente, favores de carácter sexual a cambio de dinero.
En el caso de los Zapato Veloz (mote con el que es conocido una familia gitana de la zona), el caso se montó en torno a unas supuestas fotos comprometedoras en las que el párroco, de más de 70 años, aparecía con una mujer semidesnuda.
Pero esa imagen nunca se ha divulgado y los propios miembros del clan han negado rotundamente ese extremo.
Por otra parte, Florencio Garcés está imputado por malversar 185.000 euros de las cuentas del Obispado de Tarazona, pero las autoridades eclesiásticas ya anunciaron que no ejercerán acciones penales contra el párroco de Borja.
