Conseguir tramitar una prestación de la Seguridad Social se ha convertido en una odisea en Aragón, al igual que en el resto de España. El organismo estatal lleva ya varios meses colapsado por el aluvión de solicitudes del nuevo ingreso mínimo vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno hace tres meses para frenar la pobreza súbita que está dejando el virus. El atasco, que los funcionarios y sindicatos achacan a la escasez de la plantilla, no afecta solo a este subsidio, sino que se ha extendido a la gestión de otras pagas. Esto está suponiendo un quebrando económico para las familias que no pueden acceder en un tiempo razonable a sus pensiones por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad u otras rentas sociales. La desesperación ciudadana va en aumento sin que la Administración sea capaz de articular soluciones y, a veces, ni siquiera dar explicaciones.
Conseguir una cita previa para atención presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Zaragoza es una misión casi imposible la mayor parte de los días por la elevada demanda. A eso se suma la falta de personal de un servicio que ya de por sí era escaso antes de que estallara la pandemia. El problema estos meses también se debe a la merma de funcionarios por las vacaciones de verano y las medidas de prevención frente al covid-19., que obligan a atender a menos personas que antes en las sucursales del organismo.
La atención telefónica también está fallando. Hacen falta altas dosis de paciencia para lograr contactar con el número para pedir información, que para más inri no es gratuito sino un 901, de pago compartido.
CABREO EN LAS OFICINAS
El enfado y la desesperación de los usuarios es perceptible a las puertas de cada oficina, según ha podido comprobar este diario. La mayoría de ellas amanecen todos los días con filas a sus puertas, en muchos casos de personas que tratan de ser atendidas a la desesperada tras los innumerables intentos fallidos para conseguir una cita previa o atención telefónica. La brecha digital de muchos de estos usuarios, mayores de edad en el caso de los pensionistas o de colectivos vulnerables, es otra de las razones que explica el funcionamiento del INSS, que prioriza sobre todo la tramitación digital.
Otra de las causas es que las oficinas de la Seguridad estuvieron cerradas durante varios meses al inicio del estado de alarma. La carga de trabajo se ha acumulado por muchas gestiones que no se realizaron entonces.
ESCUDO SOCIAL NO LLEGA
El nudo gordiano del atasco administrativo está en el ingreso mínimo vital, que por ahora solo se ha concedido a 172 aragoneses, el 1,2% de los 14.479 que lo han pedido en la comunidad, según los datos recabados por UGT hasta el 10 de agosto, casi dos meses después de la puesta en marcha del subsidio. A nivel nacional, el número de solicitudes sobrepasa las 700.000, lo que ha hecho que la gestión de esta ayuda se le haya atragantando a la Seguridad Social.
Además del aluvión de demandantes y la falta de personal, los sindicatos atribuyen el fracaso a la compleja tramitación que se ha establecido. De hecho, según fuentes de CSIF, algunos funcionarios han optado por renunciar a hacer horas extras para la gestión de esta ayuda. La administración paga un complemento de 14 euros por expediente, una cantidad que no les compensa por el elevado tiempo que se necesita para su tramitación, que puede demorarse hasta varios días.
Los sindicatos veían venir lo que ha ocurrido viendo la experiencia del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que desde finales de marzo está desbordado por los ERTE del coronavirus. El atasco persiste además en este organismo, que ha sumado seis nuevas prestaciones a su cartera de servicios desde el estallido de la pandemia.
El diagnóstico de la situación es compartido por todos los sindicatos. CSIF, CCOO_y UGT apuntan a la falta personal como consecuencia de las políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos, que han diezmado las plantillas.
«La gente paga sus impuestos y se merece un servicio de calidad», asegura Paco Domínguez, responsable de CSIF en la Administración General del Estado (AGE) en Zaragoza. «Cuando surgió el ingreso mínimo, ya preveíamos que iba a ser un caos por la experiencia vivida en el SEPE», remarca. «Nos parecen justas las ayudas, pero se han puesto en marcha de una manera muy precipitada», asevera.
«Unos y otros llevan tiempo adelgazando las administraciones y derivando trabajo a empresas públicas o privadas, que son más fáciles de controlar y politizar», denuncia Luis Miguel Olano, responsable de CCOO en la AGE de Aragón. A su juicio, «hay un afán por controlar políticamente la administración». «Sabíamos que iba haber colapso desde el primer momento», recuerda. «Estamos de acuerdo con el ingreso mínimo o los ERTE del covid, pero no se ha contado con la parte técnica de la administración ni había preparación informática para lo que se nos venía encima», lamenta.
EL MINISTERIO NO RESPONDE
Olano cree además que la administración no está respetando el derecho de la ciudadanía a ser atendidos presencialmente: «Se nos presiona para derivar a la gente al medio informático, pero no todo el mundo sabe acceder a internet y tiene medios para ello».
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que depende el INSS, han rechazado hacer cualquier tipo de valoración sobre la situación que vive el organismo en Aragón a pesar de los reiterados intentos de este diario. Tampoco han accedido a entrevistar a algún responsable del ente en la comunidad. Para aliviar el colapso, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, anunció hace varias semana la incorporación de un millar de interinos.
PLANTILLA MERMADA Y ENVEJECIDA
Las plantilla de la Seguridad Social y del SEPE sufren envejecimiento y escasez de efectivos. El 85,6% de la plantilla de la Seguridad Social en Aragón supera los 50 años y solo el 3,5% baja de los 40. En el servicio de empleo, el 24% del personal es interino, según los datos facilitados por CSIF.
En la última década —hasta enero del 2020— la Administración General del Estado ha perdido casi 1.700 trabajadores en Aragón (de 7.860 a 6.163), lo que supone una reducción del 21,6%, ligeramente superior a la media nacional que se sitúa en un 20,3%. El 65,5% de ellos tienen más de 50 años de edad, cuando en el 2010 eran un 44,5%.
