La escuela concertada deberá realizar, a partir del próximo curso, una declaración jurada en la que, además de comprometerá a no cobrar cuotas a las familias, también deberá certificar que reservará plazas para alumnos con necesidades educativas especiales. Así lo anunció ayer la consejera de Educación, Mayte Pérez, en el pleno de las Cortes, donde aseguró que en el proceso de renovación de conciertos educativos la escuela concertada deberá corresponsabilizarse en la escolarización de estos niños a través de esa declaración jurada.

La consejera contestó a una interpelación sobre la igualdad en el acceso a la educación y la distribución equilibrada de esos alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos formulada por la diputada de Podemos Erika Sanz, que recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en sentencia de noviembre del 2014, anuló las órdenes de escolarización de los cursos 2011-2012 y 2012-2013 al entender que incumplían la obligación impuesta por la Ley de Educación que exigen la equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo.

TRES PLAZAS // La consejera precisó que en el decreto de escolarización para este año se establece una reserva de tres plazas en las aulas para estos niños y además se disminuye del 30% a entre el 15% y el 20% el porcentaje máximo de niños con necesidades especiales que pueden escolarizarse en un colegio. Y, además, en el próximo proceso de renovación de los conciertos se exigirá, también bajo juramento, la obligatoriedad de la gratuidad de la enseñanza.

Esta premisa se debe a la existencia, según denunció Sanz, de determinados colegios que exigen a las familias pagos por diversos conceptos, como horas adicionales obligatorias, actividades extraescolares a las que hay que asistir si se hace uso del comedor o diversas aportaciones a fundaciones o entidades similares.

La consejera insistió en que es necesario «corresponsabilizar» a la concertada en el proceso de escolarización de estos niños, en un contexto, además, de descenso demográfico. «Es este descenso demográfico el que pone en riesgo la viabilidad de aulas en la comunidad, hasta 28», dijo la titular del departamento.

Precisamente, en el acuerdo firmado por PSOE y Podemos para desbloquear la aprobación de los presupuestos de la comunidad para el 2017 figura la supresión de hasta 28 aulas concertadas en aquellas zonas en las que la educación pública cubra la demanda. En este sentido, Pérez insistió en la defensa de la educación pública, inclusiva, de calidad y equidad que hace su Gobierno, que desde que tomó posesión, en julio del 2015, «ha reabierto 23 aulas públicas, el 80% de las que el PP cerró en la anterior legislatura», según sus datos.

La consejera apuntó, además, que la libertad de las familias para elegir centro, que también consagra la ley y los tribunales, «puede ser dirigida por la Administración». En este sentido, lamentó que el anterior Ejecutivo autonómico optara por «recortar inversiones, incrementar las ratios y escolarizar a los niños con necesidades solo en la pública para proteger y fomentar a la concertada».

UN RECORTE «POSIBLE» // Para Sanz, con la ley en la mano es «posible» disminuir el número de las aulas concertadas porque no existen las mismas necesidades de escolarización y porque no atienden a estos niños con dificultades, el 81,7% de los cuales se escolarizan en la pública.

Con el dinero que la Administración ahorraría al eliminar parte de los conciertos, la diputada sugirió que se podría dar un «impulso innovador y de calidad» a muchos centros.

TRIBUNALES // Esa supresión de hasta 28 aulas concertadas incluida en el acuerdo entre PSOE y Podemos para la aprobación de los presupuestos podría acabar en los tribunales si es que el proceso concluye, dentro de un mes, con la materialización de ese cierre, si bien desde el PSOE se sigue matizando que no existe una cantidad fija de aulas amenazadas y que se quitarán «las que sean necesarias».

Porque la patronal y los padres de alumnos de la concertada ya han advertido a la Administración de que agotarán todas las vías y recursos para hacer frente a esa supresión, que ha encendido los ánimos de este sector de la enseñanza.

En todo caso, la patronal ha solicitado ya una reunión con la consejera de Educación, Mayte Pérez, a la que trasladarán la próxima semana su indignación ante la actual situación derivada del supuesto compromiso entre partidos. «Todos los ciudadanos tenemos ese derecho y esa opción está ahí aunque esperamos no tener que llegar a eso», subrayó a este diario José Luis Sampériz, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón.

Los padres, por su parte, también dejan abierta la puerta de los tribunales. «Esto es una barbaridad y un acoso. Nos sentimos indignados por cómo se utiliza a la concertada y el derecho de los padres a la elección de centro», expuso Miguel Ángel García, presidente de Fecaparagón.