La Audiencia de Huesca han condenado a 36 años de prisión a la banda albanesa desarticulada por la Guardia Civil en el 2018 y que desvalijó 72 viviendas en municipios de la provincia de Huesca y Lérida. Los magistrados consideran a seis de los miembros de esta organización criminal autores de los delitos de robo con violencia en casa habitada, lesiones, quebrantamiento de condena y pertenencia a grupo criminal. Para cuatro de ellos, el tribunal considera que cumplida la mitad de las condenas impuestas serán expulsados de España por un plazo de 10 años.

Los magistrados consideran probado que durante varios meses, los ahora condenados, sustrajeron objetos de valor, dinero, joyas y vehículos de lujo de viviendas adosadas y chaléts ubicados siempre en urbanizaciones o zonas apartadas de los núcleos de la población. Vestidos de negro y con los rostros cubiertos para impedir su identificación, asaltaban las casas en la tarde-noche creyendo que en ese momento no encontrarían a sus moradores en ellas. Para acceder a su interior rompían ventanas o puertas laterales con objetos contundentes (desencofradores, destornilladores, patas de cabra y otros similares) y, durante el asalto a las viviendas, se comunicaban entre ellos con teléfonos móviles tanto con el que hacía la vigilancia como con el conductor del coche en el que se daban a la fuga.

Con este sistema actuaron desde el mes de mayo de 2017 al mes de marzo de 2018 en las localidades oscenses de Esplús, Monzón, Almudáfar, Albalate de Cinca, en las tarraconenses de Vinaixa, Vinebre, en Gerona y en las localidades de la provincia de Lérida: Alcoletge, Linyola, Tárrega y Santa Coloma, lo que, según recoge la sentencia, supondría un total de 72 hechos delictivos cometidos en algo menos de un año.

Frente a los 74 hechos delictivos que señala el Ministerio Fiscal en su calificación definitiva, argumentan los magistrados que, debido a las dificultades de las víctimas para reconocer a algunos de los acusados, el tribunal no han contado con pruebas palpables de autoría en dos de ellos ya que "en ninguno de los dos casos ha sido posible averiguar, con el grado de certeza exigible en un proceso criminal, quién o quiénes de los individuos acusados fueron los que intervinieron en su ejecución".

Inicialmente, los encausados, defendidos por los abogados Olga Oseira, Alejandro Sarasa y Javier Campo, afrontaban 60 años de cárcel.