La conferencia que la exgrapo Carmen López ofreció ayer en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza no registró, finalmente, ningún tipo de incidencia y se pudo desarrollar con normalidad. La cita, que venía precedida en los últimos días por el rechazo de todos los grupos de la oposición en el consistorio (el local es de titularidad municipal), contó, eso sí, con la presencia de varios policías nacionales en los alrededores del recinto. Allí, tan solo unas diez personas protestaron durante su desarrollo.

López, condenada por el asesinato de nueve personas en un atentado en la cafetería California 47 en el año 1979, participó en la programación de las jornadas de este centro que llevaron por título 40 años maquillando el fascismo. Lo hizo junto con Juan Manuel Olarieta, abogado de la banda, quien también intervino durante la tarde de ayer. El cartel lo completaron el rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo, y la periodista de Izquierda Diario Verónica Landa.

concentración / A pesar de la tensión que se generó alrededor de estas jornadas, con el rechazo de los grupos del ayuntamiento zaragozano y de asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite, los alrededores del Luis Buñuel mostraban una total normalidad antes de que comenzaran, más allá de la presencia policial en el paseo Echegaray y en la plaza de Santo Domingo. Fue, una vez comenzadas las conferencias, cuando un grupo de unas diez personas se concentró cerca de la entrada al antiguo instituto. Dos resultaron ser miembros de Vox; uno de ellos arrojó el cartel anunciador de las jornadas a la puerta del centro. Dentro, alrededor de un centenar de personas acudieron a estas charlas, mientras que la organización vetó el acceso al salón donde se desarrollaron las conferencias a los medios de comunicación que portaran dispositivos de grabación y captura de imagen.

El alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, afirmó el viernes que el consistorio «en ningún momento tiene que actuar de censor», después de que los grupos del PP y de Cs pidieran la suspensión del acto. Además, la delegación del Gobierno en Aragón solicitó al juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza la adopción de «las medidas que se consideren oportunas por entender que en dicho acto puedan producirse actuaciones que podrían ser constitutivas de delito de enaltecimiento del terrorismo».

El magistrado al frente consideró que no se trataba de una medida cautelarísima y que, además, no era competencia de ese juzgado. Igualmente, tampoco le constaba que las personas que intervinieron «tengan algún tipo de prohibición o de limitación para actuaciones como las previstas».