Un técnico del Ayuntamiento de Zaragoza pone un ejemplo muy gráfico de cómo son algunos de los nuevos perfiles de Servicios Sociales, usuarios inesperados que se encuentran en situaciones inimaginables para ellos mismos. «La gente está acostumbrada a pagar el alquiler, la luz o el agua y lo hace sin pensar, como hacemos cualquiera. Pero luego resulta que no les han pagado, que se retrasa la nómina o les surge cualquier otro imprevisto propio de estos momentos difíciles y se dan cuenta de que no les llega el dinero para comer». Aun a su pesar en muchos casos, tienen que solicitar la ayuda municipal. Son principalmente trabajadores del sector servicios o con empleos en la economía sumergida, según recogió recientemente un informe de cinco universidades públicas sobre el impacto del covid-19 en el sistema público de servicios sociales.

«La experiencia nos dicta que en una situación como esta, de crisis sobrevenida, hay una serie de sectores que tienen que acudir a los servicios sociales porque se han quedado sin ingresos. Son esos que tardan en cobrar los ertes, gente de la cultura, del servicio doméstico o de la hostelería, que son trabajadores muy precarizados porque tienen salarios bajos o cotizaciones en negro que luego no les van a servir en la tramitación de los expedientes de regularización de empleo», explica Francisco José Rivas, jefe de Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento de Zaragoza, que admite que hay «mucha gente» que está acudiendo por primera vez a los centros municipales. Desde marzo se ha notado mucho incremento en ayudas de urgencia», confirma.

Una investigación de las Universidades de Zaragoza, el País Vasco, Islas Baleares, Salamanca y la Complutense de Madrid ha analizado el alcance de la pandemia en los Servicios Sociales de más de 60 municipios españoles en seis comunidades autónomas desde que se decretó el estado de alarma hasta el pasado septiembre. Las investigadoras destacan que durante el estado de alarma y los meses posteriores los trabajadores de los distintos centros han detectado que al perfil previo de usuario -personas de larga trayectoria en los Servicios Sociales, con escasos ingresos, beneficiarias de ayudas económicas tales como rentas mínimas o pensiones no contributivas- se ha incorporado un nuevo perfil de personas, son las consideradas «normalizadas».

Se trata de trabajadores que «han visto cómo su economía familiar se veía directamente afectada por el confinamiento y la tardanza en recibir ayudas económicas impulsadas por el Gobierno central», añade el informe, donde se destaca que muchos de los nuevos perfiles se identifican con personas cuya principal fuente de ingresos se debe en gran medida, o en su totalidad, a la economía sumergida, por lo que la solicitud de las prestaciones específicamente diseñadas para combatir los despidos temporales ha sido imposible.

La investigación corrobora las palabras de Pacho Rivas al explicar que muchos de los que han demandado ayudas económicas «lo han hecho porque, aunque podían acogerse a alguna de las modalidades previstas a nivel estatal (erte, ayuda a profesionales autónomos...), la demora en el cobro de esas cuantías económicas se ha retrasado tanto que sus escasos ahorros les ha impedido aguantar más allá del mes de marzo».

Después de recibir esas ayudas esperadas, estos usuarios dejaron de acudir a Servicios Sociales para recibir prestaciones económicas de emergencia o relacionadas con la alimentación y la adquisición de bienes de primera necesidad, remarca el informe. También se han identificado otros perfiles que precisan de ayuda, como personas mayores que hasta ahora no necesitaban mucha más asistencia que un servicio semanal de atención a domicilio o teleasistencia. Veían organizadas y cubiertas sus necesidades con el apoyo familiar, vecinal y asociativo del municipio o del barrio. Pero como consecuencia del confinamiento ese tejido social no pudo seguir cuidando de esas personas mayores.