El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido un nuevo requerimiento por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón por el que se le exige anular la denominada funcionarización del personal laboral fijo en algunas oposiciones. Son plazas reservadas para trabajadores de la casa sin plaza de funcionario que pasaban a obtenerla gracias a una reserva que, habitualmente y gracias a un pacto con los representantes sindicales, se establece de forma habitual.
Una situación en la que se verían afectados, según explicó la teniente de alcalde responsable, Lola Ranera, a unos 30 empleados públicos del consistorio. Su plaza, según el escrito de la Delegación, no respeta los principios de igualdad de oportunidades en la concurrencia a una oposición, y debería anularse. Pero la concejala delegada de este departamento ya anunció ayer en la comisión ordinaria de su área que el Gobierno municipal ha decidido rechazarlo, por lo que solo queda la vía de los tribunales para imponer esta anulación si el Gobierno central quiere proseguir con esta posición.
También en la Comisión de Participación Ciudadana y Régimen Interior se abordó la polémica por la nueva relación de puestos de trabajo y la provisión de "todas las plazas vacantes", como pedían los sindicatos. Un documento que la propia Ranera auguró que no tendrá el respaldo sindical pero que pretende aprobar igualmente a finales de este mes.
