El Juzgado de Primera Instancia número dos de Ejea de los Caballeros juzgará el próximo martes una demanda de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen presentada por una vecina de la localidad contra el presidente de la DPZ, Javier Lambán y el concejal de la capital aragonesa Jesús Sarría. La demanda tiene su origen en la edición de un libro en el 2001 para conmemorar el 70 aniversario de la Segunda República.
Los dos cargos socialistas editaron una recopilación de artículos escritos en los años 30 por el único concejal del PSOE que tuvo el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros durante el periodo republicano, Juan Sancho, y que se publicaron en el periódico Vida Nueva, órgano de UGT en Zaragoza, y en un libro.
En uno de los artículos que recogía el libro se explicaba un presunto caso de corrupción registrado poco antes del fin de la dictadura de Primo de Rivera. Sancho denunciaba que el concejal Francisco Longás se había apropiado de 414 hectáreas de terrenos comunales. El escándalo por este asunto obligó al gobernador militar de Zaragoza a cesar al edil implicado y al alcalde.
La demanda fue presentada por una hija del concejal implicado, quien además de exigir un resarcimiento por el daño moral causado, sin fijar cantidad de dinero, también solicitó el secuestro de los ejemplares del libro y la prohibición de cualquier nueva edición de la obra.
Sin embargo, la juez rechazó la adopción de las medidas cautelares solicitadas. En el auto denegación se explicó que la totalidad de la tirada había sido distribuida gratuitamente en su día y no había ningún ejemplar a la venta. Además, los propios demandantes habían informado de que al ser un libro conmemorativo de un aniversario, no había ningún proyecto de reeditarlo.
INDICIOS No obstante, la juez también se extendió en el auto sobre uno de los presupuestos legales que pueden apoyar el secuestro de una edición: que existan indicios de que la demanda presentada contra los cargos socialistas prospere.
Sin entrar a examinar ni prejuzgar el fondo del asunto, que tendrá que valorar posteriormente cuando dicte sentencia, la juez considera que no existe ningun indicio favorable. En su opinión, el texto que estima "lesivo la demandante para el honor o imagen de su fallecido padre es una mera transcripción literal de lo publicado en un libro de los años 30", del que "es evidente que no son autores los demandados".
Por estos motivos, la juez desestima la petición de las medidas cautelares formulada por la demandante y le impone a ésta las costas del procedimiento.
