El futuro de Torre Village sigue en manos de los jueces. Todas las partes implicadas en el conflicto abierto en los tribunales meditan ahora los pasos a dar para conseguir parar o continuar, según cada caso, con el desarrollo del centro comercial en la antigua fábrica de Pikolín de la carretera de Logroño. No obstante, todas las vías están plagadas de aristas y efectos impredecibles para defensores y detractores del macro outlet. Por el momento, la parte demandante, formada por una veintena de organizaciones vecinales, sindicales, políticas y comerciales, está estudiando la posibilidad de reclamar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaró «nulo de pleno derecho» el plan especial que impulsó el proyecto.
La decisión se adoptará si son admitidos los recursos de casación contra el fallo judicial que, previsiblemente, presentarán ante el Tribunal Supremo tanto Iberebro (Pikolín), la empresa promotora del proyecto, como el Ayuntamiento de Zaragoza. En este último caso, depende de que así se acuerde en el pleno consistorial del próximo 25 de marzo, aunque todo hace indicar que se optará por intentar dar la vuelta al caso gracias a la mayoría que suman los grupos de la oposición PSOE, PP y Ciudadanos (Cs), los mismos que alumbraron el plan especial del proyecto que ahora ha sido tumbado por los tribunales. Este criterio es contrario al del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que es partidario de no recurrir al estar alineado con los detractores a esta gran superficie.
OPCIONES
Que la ejecución de la sentencia prospere no es una vía sencilla, como tampoco lo es que se admita la casación. En caso de que se solicite, los jueces podrían reclamar -aunque no necesariamente- un aval o garantía económica para su admisión, que teniendo en cuenta la envergadura del proyecto (unos 111 millones de euros de inversión directa) podría ser de un abultado importe. Sí así ocurriera, la incapacidad económica de las organizaciones demandantes para hacer frente a esa fianza podría hacer que decayera el cumplimiento de la sentencia provisional. La debilidad financiera de los querellantes ya hizo en su día que no se pidieran medidas cautelares cuando se presentó el pleito contra Torre Village. No obstante, la complejidad del asunto es tal que ni siquiera la ejecución del fallo judicial supondría implícitamente una paralización de las obras de construcción del complejo, según advirtieron las fuentes jurídicas consultadas, que recordaron que el permiso municipal concedido para estos trabajos no se solicitó con un uso específico.
En cualquier caso, el abogado zaragozano Juan Carlos Jimenez Jimenez, que representa a la parte demandante, precisó que el objetivo de las organizaciones contrarias a Torre Village no es parar las obras, sino que el proyecto no se lleve a cabo tal y como está convenido, es decir, como un gran centro comercial «que perjudicaría al pequeño comercio» y provocaría graves afecciones al tráfico y el medio ambiente. «Si las instalaciones se ciñen a los usos que establece el PGOU no hay ningún problema», apuntó.
Los promotores del complejo también se enfrentan a un reto de gran calado. Los requisitos que se tienen que cumplir para que el recurso de casación sea admitido por el Tribunal Supremo son complicados, algo de lo que son conscientes en Iberebro, que han puesto a trabajar a su maquinaria jurídica para dejar sin efecto la sentencia. La última reforma legal redujo los supuestos para la impugnación y, además, el litigio gira en torno a una materia de ámbito autonómico, lo que dificulta que el Alto Tribunal quiere entrar en el fondo del asunto, según las fuentes consultadas.
El primer filtro que tendrá que superar la petición de casación es la de la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA (la que dictó la sentencia), que deberá decidir si la admite a trámite y la eleva al Supremo. Si así prosperara, el Alto Tribunal hará un segundo análisis sobre si se dan las condiciones para que se revise el primer fallo judicial.
Si saliera adelante la vía del recurso, la sentencia del Supremo tardaría años en llegar, un escenario favorable a los intereses de Iberebro fuera cual fuera el resultado, ya que con el centro comercial operativo sería muy complejo que se paralizara la actividad.
