La Policía Nacional detuvo a tres personas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de tráfico de drogas.
Los arrestos se produjeron tras haberse comprobado que dos mujeres, de 18 y 35 años, y un varón utilizaban su vivienda familiar, situada en la calle Hermanos Gimeno Vizarra de Zaragoza, como punto de venta y distribución de hachís.
Las informaciones de los ciudadanos fueron claves en esta desarticulación, ya que permitió establecer un operativo de vigilancia en el que se comprobó como los clientes salían y entraban de la vivienda con droga, según fuentes consultadas.
El Cuerpo Nacional de Policía halló, durante el registro del domicilio, más de 600 gramos de esta sustancia estupefaciente, unos 11.000 euros en metálico, ocho navajas, 27 teléfonos móviles y diversa munición para arma de fuego.
La investigación fue desarrollada por miembros de la Comisaría de Distrito de San José, en colaboración con el Grupo de Menores de la Brigada Regional de Policía Judicial.
También han participado el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
Estos agentes suelen intervenir en la liberación de personas secuestradas o tomadas como rehenes y para reducir a integrantes de bandas terroristas, así como delincuentes peligrosos. Sin embargo, en este caso, fue necesaria su actuación ante las informaciones recabadas sobre los arrestados. De hecho, no se encontraron armas de fuego, pero sí munición para pistolas automáticas. Asimismo, tenían varias navajas de grandes dimensiones.
Las dos mujeres pasaron a disposición del Juzgado de Guardia, mientras que el chico fue puesto en manos de la Fiscalía Especial de Menores.
La colaboración ciudadana es fundamental para la detención de los traficantes de drogas. Por ello, la Policía Nacional dispone de una cuenta de correo electrónico, antidroga@policia.es, en la que agentes especializados atienden todos los correos que llegan garantizando la seguridad de los informantes y analizan toda la información recibida.
De esta manera, es posible que cualquier ciudadano, de manera confidencial, pueda poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detalles acerca de un posible tráfico de drogas que pudiera estar cometiéndose en su entorno o del que pudiera conocer.
