Los farmacéuticos de Arcos de la Salina, Mosqueruela y Villafranca del Campo fueron arrestados ayer por la Guardia Civil por supuestamente formar parte de la trama de boticarios que falsificaba recetas con las que revendían medicamentos. Como consecuencia, estos municipios se quedaron ayer sin suministro.

La detención fue ordenada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel que está al frente de una investigación que se destapó hace unos meses con la detención de la boticaria de Palomar de Arroyos, que permanece en la cárcel al igual que sus compañeros de Cariñena y Aguilón. También está imputada las boticarias de Peñarroya, Tastavins y Monroyo.

Una situación que para el abogado de dos de ellos, Rafael Ariza, es de una "profunda indefensión", porque "al estar bajo secreto sumarial no es posible alegar contra la orden de prisión". Asimismo, resaltó que el futuro laboral de cuatro trabajadores de la farmacia de Cariñena está en peligro puesto que está precintada.

De hecho, este letrado recurrió el cierre de su negocio después de aportar su licencia fiscal como mayorista. De todos los establecimientos supuestamente implicados, tan solo el de Monroyo funciona con normalidad.

Está previsto que pasen a disposición del juez el viernes. Están imputados de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra Hacienda y la Seguridad Social y blanqueo de capitales. Al parecer, revendían medicamentos que previamente habían cobrado al Salud utilizando recetas falsas.

OTRA TRAMA En el verano la Guardia Civil desarticuló otra trama de comercio ilegal de medicamentos que se distribuían a países europeos en una operación que supuso la intervención de más de 12.000 envases de fármacos valorados en 300.000 euros. La red operaba en una empresa declarada como almacén mayorista de medicamentos con sede en Valencia, constituida por tres empresas más, que adquiría a cincuenta farmacias, entre ellas varias de Aragón.

Las empresas proveedoras del almacén obtenían los medicamentos que les requería la organización a un precio inferior al que les correspondía si los hubieran adquirido de manera legal a los distribuidores oficiales.

La operación comenzó con una denuncia en la Comunidad Foral de Navarra.