El Gobierno de Aragón mantiene la defensa de la constitucionalidad del artículo 14 que ha suspendido el alto tribunal, pero critica el uso que del mismo ha hecho ZeC, al que acusa de haber roto los acuerdos políticos del Ayuntamiento, y por ello, de llegar a la "crisis" actual.
En estos términos se ha pronunciado el consejero de Presidencia del Ejecutivo, Vicente Guillén, en unas declaraciones remitidas a Efe, en las que asegura que su administración no conoce "oficialmente" la decisión del Tribunal Constitucional y que si ha sabido la misma, ha sido por los medios de comunicación.
El Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza lograron pactar la Ley de Capitalidad, y por tanto, enviarla a las Cortes, donde fue aprobada.
Sin embargo, el artículo 14 de dicha norma se ha situado en la base de una crisis política en el Ayuntamiento zaragozano.
Porque ZeC acudió a ese precepto para cambiar el funcionamiento de las sociedades municipales y apartar a los grupos de la oposición de la votación de las medidas que en ellas se debatieran.
Se generó entonces un enfrentamiento político sin precedentes (el alcalde fue reprobado en marzo), y en paralelo, se inició un camino judicial del que hoy se ha conocido un paso: la admisión a trámite del recursos de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno.
Guillén ha destacado que el Ejecutivo aragonés defiende que la Ley de Capitalidad es plenamente constitucional, incluido el artículo 14, y por esta razón, los servicios jurídicos de la administración darán curso a esta posición.
Pero ha criticado cómo ha gestionado ZeC ese artículo: "No compartimos el uso que ha hecho Zaragoza En Común y que ha ocasionado una grave crisis política en la institución; siempre hemos dicho que los acuerdos que se habían logrado en el Ayuntamiento debieron mantenerse, y así, se habría evitado la crisis".
