Finalmente, el Gobierno de Aragón --a través de la Consejería de Interior-- y la Diputación Provincial de Teruel, habida cuenta de los municipios afectados en el territorio, han impulsado una nueva reunión entre la ATA y la FAMCP, en calidad de representante de las localidades, que está previsto que se celebre en las próximas semanas para acercar posturas en torno al problema. Fuentes de la DGA indicaron que no han intervenido directamente desde que tuvieron constancia del problema porque no es de su competencia, sino de los propios municipios. Desde la consejería de Interior sí remitieron a los municipios un recordatorio de las cotizaciones obligatorias para los directores de lidia, algo que según sostiene la ATA ya debería de conocer, pero que no se ha tenido en cuenta hasta el momento. En lo que no ha intervenido es en la cuestión de la posible falta de seguridad por la contratación de intrusos.
