El Gobierno de Aragón intervino hasta mayo, en virtud del convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 66 casos de desahucios. Como solución adjudicó una alternativa habitacional a 28 unidades familiares, mientras que ocho renunciaron a la solución propuesta.
El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, había solicitado ayer la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para hablar de política de vivienda, pero finalmente intervino en su nombre el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.
Así ofreció estos datos amparados en un convenio firmado por la DGA, el CGPJ y la Federación de Municipios y Provincias que fija un protocolo de actuación cuando en los casos de desahucio por impago de alquiler o por lanzamiento hipotecario se detectan casos de especial vulnerabilidad. «El convenio no es óptimo pero es con el que hay que trabajar», dijo.
Escartín fue muy crítico con la situación y recordó que uno de los compromisos de investidura fue que en Aragón no hubiera desahucios sin alternativa.
