El Gobierno de Aragón acordó ayer instar al central a que prorrogue durante dos años más la suspensión de las ejecuciones hipotecarias para colectivos vulnerables prevista en la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Así lo acordó el Consejo de Gobierno, que considera que esta moratoria es necesaria para complementar las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para proteger a los colectivos más vulnerables que están en riesgo de perder sus viviendas, según indicó el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro.
La suspensión de los desahucios por dos años fue adoptada por el gobierno central de forma excepcional y afecta a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el que se adjudica al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos.
En estos casos, la ley impide, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas y desde su entrada en vigor se ha logrado la suspensión de más de 10.000 desahucios, se han realizado más de 6.500 reestructuraciones de crédito de deuda y más de 2.100 daciones en pago en España. Por ello, la DGA se va a dirigir al gobierno central para que mantenga esta medida que complementa a las puestas en marcha en Aragón, como la red de Bolsas de Alquiler Social o las Unidades de Gestión Social de la Vivienda.
