El Gobierno creará un catálogo de prestaciones para las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma. Será una de las medidas que adoptará la comisión de coordinación que se ha creado como resultado del reglamento que regula la ley aprobada en el 2008. Este grupo de trabajo, presidido por el consejero de Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, se reunirá por primera vez este mismo mes.

El catálogo de prestaciones estará listo, previsiblemente, antes de que termine el año. Pretende ordenar los derechos de las víctimas y explicar con claridad cómo pueden ser beneficiarios de ellos. El Ejecutivo autonómico ha constatado que muchas personas que sufrieron atentados desconocen los contenidos de la ley y por lo tanto pueden tener dificultades para pedir las prestaciones que les corresponden.

DESARROLLO De ahí que se cree este catálogo al que las víctimas podrán acceder por internet y que les aclarará cualquier duda que tengan. Su contenido se irá modificando en función de las ayudas y prestaciones de las que disponga en cada momento el Gobierno. El reglamento que el Ejecutivo aprobó el pasado junio es el que regula la aplicación de la ley, así como las ayudas que se derivan de la misma.

El reglamento contiene las medidas a favor de las víctimas de atentados terroristas en la comunidad, como la indemnización por daños personales y reparación por daños materiales y las subvenciones a asociaciones relacionadas con las víctimas. Las cuantías ascenderán al 30% de las ayudas concedidas por el Ejecutivo central. El presupuesto en Aragón es de 2,4 millones de euros hasta el 2016. Este ejercicio la cuantía será de 500.000 euros; el 2015 de 1,2 millones y en el 2016 de 700.000 euros, según detallaron fuentes de la consejería de Presidencia y Justicia. Se trata de aplicar la Ley aragonesa de medidas a favor de las víctimas del terrorismo aprobada en el 2008, y que aún no se había desarrollado. Incluye un conjunto de medidas y actuaciones destinadas a las víctimas del terrorismo en el ámbito de las competencias autonómicas. En Aragón hay contabilizadas 167 víctimas, 30 de ellas fallecidas. La norma prevé la indemnización por daños físicos o psíquicos, la reparación de daños materiales en viviendas, locales y vehículos y subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que se dediquen a la representación y defensa de las víctimas del terrorismo. La aplicación de la ley será retroactiva, es decir, por primera vez se tendrá en cuenta a las víctimas del terrorismo desde el 1 de enero de 1960, tal como figura ahora en el texto de la norma.