El Gobierno de Aragón esbozó ayer algunas de las claves de su reforma del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), que según sus cálculos rebajaría un tercio el recibo a los que menos consumen (un 66% de la población), bastante menos a otro 31% de los aragoneses y encarecería «notablemente», como penalización medioambiental, la factura a los grandes consumidores de agua.

Curiosamente el avance no lo realizó ningún miembro del Ejecutivo, sino el portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada. Fue, según dijo, como reacción a las últimas declaraciones del secretario general de Podemos, Nacho Escartín, que insistió en que la DGA no les había hecho llegar ninguna propuesta para negociar. Sada lo negó, pero en cualquier caso avanzó el proyecto.

Sada habló en tono bastante duro, e indicó que como Podemos se niega a alcanzar un preacuerdo como el PSOE quería, este negociará la propuesta con todos los grupos a la vez, confiando en alcanzar un pacto cuanto antes, aunque en ningún caso se aplicaría antes del 2019.

El plan de la DGA se basa en tres criterios: separar el impuesto («solidario», para la sostenibilidad del sistema común) de la tasa (por consumo): aplicar la progresividad medioambiental, de forma que se bonifique el ahorro de agua y también la progresividad social, con bonficaciones para las familias más necesitadas.

Para los dos tercios de los contribuyentes que ahora pagan el primer tramo de consumo, el más barato (hasta seis hectómetros cúbicos), el recibo bajaría de 105 euros a 72 fuera de Zaragoza, y de 71 a 59 en la capital. La parte del impuesto solidario se rebajaría de 3,5 euros al mes a 2,4, para todos los aragoneses.

La rebaja sería del 33% para el menor consumo, de entre un 8% y un 12% para los de consumo medio y habría un aumento, que no fue precisado, para los grandes usuarios, «los que tienen piscina privada». En global se perderían ingresos, que serían compensados por la DGA, pero es difícil de calcular porque Sada entiende que muchos pasarían a la primera tarifa al ahorrar.

Las cifras concretas no están claras, como tampoco en qué difiere esta propuesta de la de la RAPA, salvo en que el impuesto común es más bajo y en la progresividad medioambiental.