El Gobierno aragonés se ha retirado de la causa penal abierta contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el retorno de 44 bienes del Monasterio de Sijena desde el Museo de Lérida. Esta decisión fue revelada ayer en rueda de prensa por el diputado del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, quien presentó diversas iniciativas parlamentarias para inquirir por los motivos del Ejecutivo autonómico para retirarse de la querella.

Torres explicó que su grupo fue informado la pasada semana de que el pasado julio, apenas un mes después de personarse en la querella como parte perjudicada, desistió y se retiró del procedimiento contra los exconsejeros catalanes Vila y Puig, este último fugado en Bélgica de la justicia española. La querella fue interpuesta por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, pero la personación del Ejecutivo aragonés no se produjo hasta que la fiscalía oscense ofreció a sus responsables la incorporación a la causa. El parlamentario popular explicó que el «simple hecho» de haber tenido que hacer frente al coste del traslado de las piezas al Monasterio de Sijena, más de veinte mil euros, el Gobierno de Aragón ya debe considerarse como parte perjudicada en la causa.

Por esta razón, Torres planteó diversas iniciativas parlamentarias que requieren la entrega de los decretos de personación en la querella y de desestimiento, así como contestación por escrito a preguntas referidas a las razones por las que se tomaron ambas decisiones y a la persona que la adoptó finalmente. El parlamentario popular lamentó la falta de apoyo del Gobierno aragonés al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en su iniciativa judicial, y cuestionó por ello al presidente de la comunidad, Javier Lambán. «Al señor Lambán -resaltó- le gusta mucho hacerse el gallito cuando habla de Cataluña, pero lo hace cuando las competencias son nacionales, porque cuando son suyas se pone de perfil». En este sentido, criticó a Lambán por desistir de la querella y no contestar a la actual consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borrás, por incluir el caso Sijena en la «lista de agravios» del Gobierno central con Cataluña.

También criticó el retraso en elaborar el plan director del Monasterio de Sijena, el incumplimiento del convenio anunciado sobre los horarios de apertura del cenobio o la no personación en las subastas que incorporan piezas del patrimonio del monumento para su venta.