14 de agosto del 2013. Medio Aragón estaba de vacaciones y el otro medio celebrando el puente de la Virgen, pero la tranquilidad propia de esas fechas se rompía en las oficinas de la UTE que realizó las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) tenía en el barrio de Arcosur. La Policía Nacional entraba en esas casetas para cumplir una orden de registro ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Junto a ellos estaba, y destacaba por su traje impoluto en medio de ese erial, un representante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Daba igual el día que era, había una denuncia sobre la mesa -interpuesta por un trabajador de Acciona, Francho Chabier Blasco, y del entonces gerente de Plaza en el Gobierno de la popular Rudi, Jesús Andreu- en la que se alertaba que se estaba destruyendo documentación importante.

Un detalle que hacía atisbar a los periodistas congregados frente a las vallas de esas casetas de obra que la operación policial desplegada iba a ser de calado. Seis años antes, un 19 de octubre del 2007, llegaba un oficio de Anticorrupción a la Fiscalía Provincial de Zaragoza con la primera denuncia por corrupción urbanística en La Muela, si bien no había llegado a desplazarse personalmente un miembro de la misma a la comunidad aragonesa. Se trataba de José Grinda, quien junto a su compañero Juan José Rosa han estado al frente de un caso que sacó a la luz el saqueo de más de 150 millones en las obras de urbanización de Plaza.

Aquel 14 agosto fue frenético. Diez registros y tres detenidos, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el director técnico de obra, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el director técnico de la ingeniera Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld. Ahora, tras el acuerdo alcanzado el pasado lunes, todos ellos admitieron que hubo corrupción. Sin embargo, en aquel momento solo eran sospechas que el propio fiscal Grinda verbalizó ante los periodistas. Un ejercicio de transparencia nunca visto antes. Explicó que los delitos que estaban mirando con lupa eran sobrefacturaciones de las obras ejecutadas por la UTE liderada por Acciona en las dos fases de las obras, simulaciones de obras y pagos en especie a directivos y a la dirección técnica de las obras con cargo a la empresa pública.

Estos tres detenidos fueron puestos en libertad por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, a pesar de que Anticorrupción pidiera que el exgerente ingresara en prisión. Había pruebas suficientes, la más popular: le encontraron 400.000 euros en efectivo debajo del colchón de una cama que García Becerril tenía en una casa en Salou (Tarragona). Allí también tenía amarrado un yate.

No por ello la investigación quedó ahí. De la mano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, estos fiscales, que incluso están amenazados de muerte por sus investigaciones contra las mafias de países de Europa Este y de Rusia, fueron descubriendo una trama corrupta en la que estaban implicados directivos de Acciona en Aragón, constructores, empresarios y hasta familiares que se beneficiaron de la dolce vita que disfrutaban algunos de los procesados. Afectaba al proyecto económico estrella del PSOE de Marcelino Iglesias, si bien no se vio dañado, a nivel político, hasta que no salió el nombre de Carlos Escó, el que fuera mano derecha del presidente. Es de los pocos encausados que aseguran ser inocente y que, a partir de este lunes, será juzgado junto al empresario Miguel Ángel Floría y Agapito Iglesias. Su imputación vino después de que la UDEF descubriera un correo electrónico del exgerente de Plaza titulado Miserias, en el que reconocía el amaño del concurso para que lo ganara la UTE Acciona-MLN y denunciaba una serie de contratos otorgados, supuestamente, a dedo por Escó.

Fue el paso previo para que las Cortes de Aragón llegaran a poner en marcha una comisión de investigación que, como suele suceder, apenas valió para hacer mucho ruido y para que cada partido se mantuviese en su tesis inicial, unos viendo corrupción masiva y otros, meras sospechas.

No fue la única consecuencia de aquella visita de Anticorrupción un 14 de agosto. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y hasta asociaciones como Apudepa para la defensa del patrimonio aragonés interpusieron en los juzgados decenas de denuncias por supuestas corruptelas. Fue tal la lluvia de querellas que la Fiscalía General de Aragón se vio obligada a impulsar una unidad propia de Anticorrupción en la comunidad. De aquello nada queda, las denuncias o fueron archivadas o acabaron en absolución tras judicializarse, y aquella unidad especial se ha reducido a un miembro al que se le han ampliado sus competencias.

No va a ser el caso del saqueo de Plaza. Veintiuno de 25 procesados suscribieron un acuerdo global con Anticorrupción que al principio pedía 191 años en total, pero que, finalmente, solo dos encausados admitieron tener que ingresar en prisión por estos hechos. La explicación de esta importante reducción la explicaron los propios fiscales: «No buscábamos la venganza, sino devolver a los aragoneses el dinero malversado». Y es que, tal y como reconocen, asegurar la devolución del dinero no se garantiza con ir a la cárcel.