Dos propietarios de terrenos en la urbanización inacabada Alto de La Muela afirmaron ayer en la Ciudad de la Justicia, en el juicio que se sigue contra la exalcaldesa Mariví Pinilla por supuesta prevaricación y usurpación, que ellos u otros miembros de su familia vieron en el 2004 cómo una máquina niveladora «ocupaba» tierras de su propiedad que no formaban parte del proyecto de construcción.

En total, fueron supuestamente invadidos, según la acusación particular y la fiscal, que piden 10 años de inhabilitación, 51.000 metros cuadrados, si bien un arquitecto que compareció como perito propuesto por el ayuntamiento, redujo la superficie afectada a 27.000 metros cuadrados.

Además, este técnico desvinculó al consistorio de lo que calificó de un «error» atribuible al «caos de los deslindes» y al hecho de que los límites entre propiedades rústicas tampoco aparecían correctamente reflejados en el Catastro.

Sin embargo, Miguel Ángel Camarero, que fue abogado de la junta de compensación que se encargó de las obras de urbanización, aseguró que «no hay constancia de que hubiera ocupación de terrenos ajenos» y que el ayuntamiento aportó documentación «como propietario del resto del sector».

Asimismo, indicó que, pese a que se colocaron estacas para tratar de delimitar las propiedades, las «discrepancias» entre el Catastro y los límites reales de las parcelas se podían cifrar en un 90%. Y precisó que el consistorio reparceló la zona de actuación y la junta de compensación (la unión de propietarios) fue la que llevó a cabo las obras de urbanización.

Por su parte, el letrado Ramón Estévez señaló que «se daba por hecho que los terrenos sin titular eran del ayuntamiento», mientras que el presidente de la junta de compensación, Antonio Sanz Ruiz, manifestó que el perímetro de las obras «se ajustó al planeamiento urbanístico».

Un perito judicial valoró en 8.750 euros el precio de la zona supuestamente invadida, calificada «como terreno rústico», al tiempo que otro experto de la acusación particular cuantificó esa misma extensión en 5,1 millones, pero «como suelo urbanizable».