El Ebro ha llevado a los senadores del Partido Aragonés (PAR) a desmarcarse de nuevo del Grupo Popular en el Senado, al abstenerse en la votación de la reforma de la ley de Responsabilidad Ambiental, aprobada ayer definitivamente por la Cámara alta con los votos del PP y de CiU.

La razón es que el PP no admitió la enmienda por la que el PAR defendía, entre otras, unas obras de abastecimiento de la zona central de las cuencas mineras desde el Embalse de las Parras, y que forma parte de los acuerdos de la Comisión Bilateral Aragón Estado de octubre de 2013.

Junto al PAR también se abstuvieron el PNV y Coalición Canaria, mientras que la oposición de izquierda, integrada en el Grupo Mixto y Entesa, así como el Grupo Socialista votaron en contra de este texto que exonera a miles de empresas de contratar un seguro verde para afrontar los posibles daños ambientales que puedan causar.

Estos últimos grupos parlamentarios presentaron cuatro vetos, que el PP rechazó, al igual que las 50 enmiendas al articulado propuestas por los partidos.

Durante el debate se recordó que el informe del Consejo de Estado asegura que de 320.000 actividades económicas, sólo 5.470 tendrán la obligación de tener una garantía financiera o seguro verde.

Esta exención supondrá un ahorro de más de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas, y a juicio del Ejecutivo carece de sentido exigir un seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería o un estudio de música.

Según la nueva ley, las empresas sometidas a la autorización ambiental integrada sí estarán obligadas a tener la citada garantía.

Este mecanismo obliga a los operadores económicos recogidos en la norma a realizar un análisis de riesgos y a contratar, en base a los datos obtenidos, este seguro que tiene un importe máximo de 20 millones de euros.

En caso de que el daño ambiental causado sea superior a la citada cantidad, la compañía seguirá siendo responsable y tendrá que afrontar igualmente los costes.

Tras la aprobación de esta norma, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, ha valorado que "se refuerzan los principios de prevención y de quien contamina, paga".

Según Yanguas con este nuevo marco legal se confirma la apuesta del Gobierno para la puesta en marcha de una normativa ambiental que garantice de una manera eficaz "la mayor protección de nuestro patrimonio natural".