La escuela concertada de Aragón exhibió este domingo su unión y su músculo en las calles de las tres capitales de la comunidad a costa de la nueva ley de educación, la conocida ya popularmente como ley Celaá, que provocó una marea naranja de lazos y globos a lo largo de todos sus recorridos como rechazo a una norma «que nace sin consenso y que mina derechos y libertades», según esgrimió la presidenta de Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Aragón (Fecapa), Conchita Ibáñez.
Eso sí, la pandemia obligó a que, por seguridad, las manifestaciones tuvieran lugar en coche, por lo que el trajín de vehículos desde el campus Río Ebro, en Zaragoza, hasta la plaza Basilio Paraíso fue constante durante al menos dos horas y eso provocó una larga fila de coches. De hecho, mientras algunos manifestantes ya habían concluído el recorrido muchos otros todavía se agolpaban en los accesos al campus universitario para participar. «Queremos pluralidad y la convivencia pacífica y de respeto de todas las redes educativas. Esta ley supone la eliminación de la demanda social y deja la puerta abierta a que se llenen antes las plazas de los centros públicos que la de los concertados», añadió Ibáñez. Asimismo, reivindicó «de una vez por todas» alcanzar un Pacto de Estado por la Educación: «No podemos estar cada cuatro o cinco años cambiando de ley porque eso, al final, va en perjuicio de los protagonistas de esta historia, que son nuestros hijos», recalcó la presidenta de Fecapa Aragón.
La salida estaba prevista a las 11.00 horas, pero más de media hora antes algunos aparcamientos de las inmediaciones del campus ya estaban llenos. Bajo los lemas Stop Ley Celaá y Más libres, más plurales, más iguales, la música amenizó la espera --algunas canciones sonaron con sorna hacia el Gobierno de Sánchez como la de Había una vez un circo...-- mientras iban llegando las familias. Hubo profesores, padres, abuelos y muchos menores.
«No es el momento» / «Quienes han sido mucho tiempo adalides de la libertad, del diálogo y de los derechos resulta que ahora nos gobiernan desde la autoridad y con imposición», exponía Guillermo Tazón. A sus espaldas una pancarta que decía No a la dictadura. «Estamos a favor de la concertada, pero también de la pública. No es el momento de querer enfrentar a los dos modelos», dijo.
María Ángeles Villalba es profesora y señaló que la ley «excluye al alumnado con necesidades educativas» y eso es «un error», dijo. «No se puede jugar con la pública y la concertada así», añadió, al tiempo que mostró su «preocupación» por el futuro laboral de los docentes.
También participaron en la marcha representantes políticos como el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, o el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, entre otros populares. Asimismo, el líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, o representantes del PAR y de Vox también asistieron
Por su parte, el presidente de las Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sampériz, consideró que "no se puede sacar una ley metida por la gatera, sin consenso, sin diálogo". "Entendemos que esta ley estará vigente mientras dure el partido que está gobernando. Llevamos 40 años con ocho leyes educativas diferentes y creo que los ciudadanos nos merecemos un pacto educativo donde sentemos las bases para que nuestros hijos se dediquen a lo que se tienen que dedicar", subrayó.
Perjuicios a próximas generaciones
En esta línea, se manifestó el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), José María Marín, advirtiendo que esta ley "va a perjudicar de una manera muy notable a las próximas generaciones, en caso de que salga adelante".
"La permisividad del paso de curso que facilita que un alumno sin esos principios y valores del esfuerzo pueda terminar unos estudios le va a perjudicar cuando tenga que enfrentarse a la realidad social que le va a tocar vivir", indicó. El secretario general del sindicato FSIE Aragón, Miguel Malla, añadió que la ley Celaá "deja a las administraciones la obligación de planificar previamente a la elección de centros por parte de los padres, lo que ocasionará el cierre de centros en la pública y en la concertada y, además, en la concertada ocasionará el despido de cientos y cientos de profesores".
"A nivel nacional somos unos 150.000 trabajadores --en Aragón 5.000-- en la concertada y, en muchas comunidades no van a poder recolocar a los profesores como nosotros en Aragón que tenemos un acuerdo", criticó.
El PP amenaza con emprender la contrarreforma de la norma
El líder del PP, Pablo Casado, señaló que el PP hará «todo lo posible» en las comunidades en las que gobierna para «evitar los estragos» de la reforma educativa y reiteró que recurrirá la Lomloe, conocida como ley Celaá, tanto en el Tribunal Constitucional como en instituciones europeas que «consagran la libertad de elección educativa». Lo afirmó antes de participar en la protesta de Madrid. Allí estuvo acompañado por el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros dirigentes populares. Casado recordó que el PP está «a favor de la libertad de elección de las familias» y de que el castellano «sea lengua vehicular» en todo el territorio, así como de defender la educación concertada, principalmente para los niños con discapacidad cuyas familias necesitan este modelo educativo. El popular pidió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «escuche» a las familias que participaron en las protestas de las principales ciudades de España y que pidieron «libertad» y «respeto para España».
