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Javier Zaragoza: «El asesino de Giménez Abad puede ser procesado en breve»

 

El fiscal Javier Zaragoza, en la sede del Supremo, en Madrid, en una imagen reciente. - SERVICIO ESPECIAL

F. V.
23/04/2019

–¿Cómo ha recibido la concesión de la Medalla de Aragón?

–Creo que es el premio que más me ha ilusionado entre todas las distinciones que he recibido a lo largo de mi vida profesional, junto con el nombramiento como hijo predilecto de Alcorisa. Son reconocimientos que vienen de la tierra de uno y son especialmente valorados por quien se siente aragonés y alcorisano como yo.

–¿Cómo es su relación actual con su tierra aragonesa?

–Mis vínculos con mi tierra natal son muy estrechos y muy intensos. Mi madre vivía en Zaragoza hasta su reciente muerte. Mi hermana, que es fiscala, también vive aquí. Y yo me he criado en la niñez y la adolescencia en mi patria chica, que es donde está la casa familiar, que la sigo teniendo y visitando. Y conservo los amigos de la infancia, a los que veo cuando voy a Alcorisa, un sitio que me da un sosiego que no encuentro en otros lugares.

–Forma parte del equipo de fiscales que interviene en el ‘procés’. Parece que ahora el juicio entra en una nueva fase.

–Seguimos todavía en la parte de prueba testifical. El miércoles por la tarde terminó la prueba de la acusación y del ministerio fiscal y mañana comienzan a practicarse las pruebas testificales propuestas por la defensa, aunque creo que aún queda algún testigo de la acción popular.

–Desde el principio se ha debatido mucho si el delito de rebelión es el que mejor encaja para definir los sucesos del 1 de octubre del 2017 en Cataluña. ¿Está convencido de que esa calificación es la correcta?

–Yo no puedo entrar en la valoración concreta de los hechos porque estamos en medio del juicio y soy una de las partes que interviene en el mismo. No me parece prudente ahora mismo hacer valoraciones jurídicas acerca de la corrección o incorrección de la calificación jurídica de los hechos. El juicio está para intentar acreditarlo con las pruebas que se practiquen, y aún faltan muchas por realizar. Como todo en Derecho, es muy discutible. Pero eso no quiere decir que sea desacertada, por supuesto.

–El juicio, sea cual sea el fallo, ¿podría llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y recibir un vuelco la sentencia que se emita aquí?

–No, no exactamente. Que llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es más que probable. La sentencia que pronuncie el Tribunal Supremo en su momento será firme y no es susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario en la vía judicial. Sí está previsto el recurso de amparo ante el Constitucional, donde se analizan las posibles o supuestas violaciones de derechos fundamentales que se hayan podido producir. Y una vez agotada esta vía, se abre la del Tribunal de Derechos Humanos, donde se analizará el fallo, la sentencia y el proceso desde esa perspectiva. Lo que no quiere decir que suponga un vuelco para el fallo en cuanto al fondo del tema. Son dos cosas bien distintas.

–En su currículo figuran casos judiciales de gran trascendencia en el ámbito judicial y social.

–Hay sin duda casos muy emblemáticos y significativos, como el del clan de los Charlines, el de Laureano Oubiña o el de Sito Miñanco. El caso Nécora es otro de ellos, de la época en que estuve destinado en la Fiscalía Antidroga, entre 1988 y 2006. Fue una operación contra el nacotráfico de gran alcance en su momento, en 1990. Y fue necesaria en unos momentos en los que parecía que el narcotráfico en Galicia tenía cierta impunidad y se había introducido en la sociedad. Hacía falta una reacción judicial que mostrara que el Estado estaba aplicando la ley. El poder judicial debe demostrar que la ley es igual para todos y que no hay zonas de impunidad.

–La lucha contra el terrorismo de ETA también ha sido uno de sus cometidos profesionales.

–Los primeros seis años de mi vida profesional estuve destinado en el País Vasco, en la Audiencia de San Sebastián, donde más que con la organización terrorista en sí misma teníamos contacto con la violencia callejera de su entorno.

–Entre los casos pendientes de resolución está el asesinato de Manuel Giménez Abad.

–Era una de las asignaturas que había que resolver o que aprobar cuando llegué a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el 2006. Después de unos años, se consiguió reabrir el procedimiento e identificar al presunto autor material del asesinato. Creo que ese individuo [Mikel Carrera Sarobe] está identificado, que, previsiblemente será procesado en poco tiempo y que en tres o cuatro meses se celebrará el juicio. El problema es que, cuando se cometió el asesinato, en el 2001, era un miembro legal de ETA, no estaba identificado.

–También ha intervenido en la investigación judicial del 11-M.

–No intervine en la investigación, pero sí en el juicio y la vista oral como fiscal jefe. Era obvio que era un atentado yihadista, pues la investigación no aportaba elementos que apuntaran en otra dirección. Creo que fue un caso de especial complejidad, y no solo por razones procesales, sino porque había muchas líneas de investigación y fue difícil determinar la autoría intelectual. Además, se generó un juicio paralelo, en el ámbito mediático, al margen de lo que sucedía en el proceso penal, que sostenía que había una verdad distinta y que toda la investigación judicial iba dirigida a ocultar las verdaderas pruebas, que apuntaban a ETA, lo cual era totalmente falso. Se creó una situación muy tensa y desagradable, incluso desde el punto de vista personal. De todas formas, las críticas hay que asumirlas y acostumbrarse a ellas.

–¿Llevó algo del caso Cordón?

–También he estado relacionado con ese caso. Siendo responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha imputado, procesado y condenado a grapos relacionados con el secuestro.

   
1 Comentario
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Por LIA 9:17 - 23.04.2019

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