En apenas unos meses, un nuevo virus, que al principio casi se nos presentó como una anécdota lejana, nos ha cambiado la vida. Solo necesitó días para pasar de ser similar a una gripe a convertirse en la pandemia de la covid-19. En tan solo unas semanas ha causado miles de muertos y ha provocado el colapso sanitario y el shock económico.
La gravedad de la emergencia sanitaria, que nos sorprendió a todos, empezando por las administraciones, está ahora contenida y nos permite afrontar los impactos económicos y sociales. Lamentablemente con un coste muy alto en salud y vidas que nos sigue exigiendo esfuerzos sanitarios pero también asistenciales, partidas presupuestarias adecuadas y responsabilidad colectiva e individual que no debemos olvidar para evitar que se produzcan nuevos rebrotes.
Responsabilidad que, en su ámbito, han mostrado y siguen mostrando las empresas y los empresarios en esta crisis, también para nosotros sobrevenida. Lógicamente, entendimos que la prioridad era y es la emergencia sanitaria, y muchas empresas se han sumado -como lo han hecho los ciudadanos y en algunos casos de forma decisiva- a iniciativas solidarias.
El mejor servicio
Pero también y sobre todo, han hecho inmensos esfuerzos por dar el mejor servicio a los ciudadanos durante unas semanas muy difíciles de servicios esenciales y mercados colapsados; por ser seguras para empleados y consumidores en medio de paradas o disminuciones de actividad y negocio obligadas por decreto. Se han acogido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con la intención de evitar despidos y reintegrar a sus trabajadores conforme la situación mejore, e intentan ir retomando y generando normalidad en una situación que continúa siendo extraordinaria y, para muchas de ellas, un reto de subsistencia.
Durante todo este tiempo, las empresas han recibido, sobre todo del Gobierno central, anuncios grandilocuentes y medidas más modestas; algunas más efectivas que otras, unas llevadas al diálogo social y otras hurtadas a ese necesario proceso. Lo mismo sucede con los ERTE, con el retraso de su cobro para los trabajadores y con sus requisitos para las empresas, que limitan la flexibilidad que requiere la función para la que fueron concebidos: permitir que las empresas en dificultades subsistan porque solo así podrán volver a generar empleo, aunque se vean forzadas a perderlo inicialmente.
Europa por fin ha logrado un acuerdo, desde posturas muy enfrentadas, para poner encima de la mesa un respaldo claro a las economías de sus miembros. En el ámbito nacional, la crispación hace imposibles no ya pactos, sino un diálogo medianamente constructivo.
El acuerdo sí ha sido posible en Aragón, con lógicas cesiones de todos, pero un compromiso y un objetivo compartido por nuestra comunidad autónoma y por su recuperación económica y social, que será la de todos nosotros.
Las previsiones de crecimiento ralentizado de principio de año se han convertido hoy en deseo inalcanzable, pero al menos hay que exigir que la falta de medidas y acuerdos no ahonde más una crisis en la que miles de empresas y ciudadanos estamos luchando por salir.
