E l exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, fue el protagonista de la nueva tanda de declaraciones de exconsejeros de esta sociedad pública que están llamados por el juez de Zaragoza Alfonso Tello para aclarar la adjudicación de unas obras por valor de 15,5 millones de euros a la UTE Acciona-MLN.

Los ayer citados como imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza mantuvieron la misma versión entre ellos, hablando de García Becerril, desde el minuto número uno. En términos de "absoluta confianza" se refirió quien representara a Ibercaja en el consejo de administración de la plataforma, José Luis Rodrigo Molla, defendido por el abogado Jesús García Huici. "No necesité comprobar la existencia de los informes de los servicios jurídicos porque García Becerril nos puso de manifiesto que no había inconvenientes legales", apuntó.

Otro de los exconsejeros en este organismo, Agustín García Inda, que representaba entonces a CAI y actualmente es el número dos del Departamento de Educación, llegó a manifestar que el exgerente aseveró que "había informes de los servicios del Gobierno de Aragón en el sentido de su propuesta", pero que no recuerda si tuvieron acceso a esa información en la que se decía que era legal realizar un documento negociado y sin publicidad para las obras del apartadero ferroviario y de la zona de reserva para futuros crecimientos.

AVALGarcía Inda también recalcó que fue García Becerril quien sugirió el tipo de empresas a invitar, resaltando la necesidad de que "tuvieran experiencia". Resalta que el exgerente dijo cuando declaró, auxiliado por José María Gimeno del Busto y José María Pabán, que no eligió él la forma de actuar, sino que "la modalidad contractual que finalmente se llevó a cabo" la eligió el consejo del centro logístico.

La palabra del exgerente García Becerril, imputado en el caso saqueo --una supuesta malversación de 80 millones de euros en obras de urbanización en Plaza-- y pagarés --unos sobrecostes de más de 17 millones en la construcción de 119 naves en este centro logístico-- iba a misa. Sin embargo, la presencia en las reuniones de Ignacio Sarriá, de los servicios legales propios, era algo muy importante. Lo afirmaron todos, aunque especialmente la concejala del Mayor en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Isabel Lopez. Esta edil, defendida por el penalista Enrique Trebolle, recordó que Sarriá "no tuvo intervención alguna en la reunión en la que se trató el punto del día que se investiga". Además, justificó que se había consultado con el Ejecutivo autonómico del PSOE-PAR.

Las razones de urgencia de contratación y ejecución fueron las que llevaron a los declarantes a no hacer más preguntas ni consultar los informes con los que contaban, según sus manifestaciones, Fernando Casasnovas, que representó a CAI, manifestó que "en aquel momento la situación del mercado era compleja, ya que se trataba de la negociación con un operador importante y si se querían cumplir los plazos era necesario arrancar pronto". "Nos destacaron las repercusiones negativas que habría si no actuábamos rápido como penalizaciones o que las firmas Decathlon y BSH no se instalaran", apuntó.

El jueves declararán el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso. Luego, el juez decidirá si necesita practicar más pruebas, archiva el asunto o lo traslada al Tribunal Superior de Justicia de Aragón ante el aforamiento de Bono, Vicente y Boné