Juan Carlos Castro, gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) durante la etapa de Gobierno PSOE-PAR, ha sido imputado por un delito de malversación de caudales públicos. Castro y la que fuera interventora adscrita a este servicio, Marta Fernández, ya han declarado ante el juez por su posible relación con el encarecimiento de casi un millón de euros de la adjudicación del contrato de transporte adaptado de personas dependientes a centros de día de Zaragoza, Borja y Torres de Berrellén en abril del 2011.
Según informó ayer Heraldo de Aragón, el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza investiga estos hechos después de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza haya apreciado que podría haber indicios de delito tras estudiar la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, que señaló que el presupuesto de licitación del contrato se calculó a partir de unas previsiones de demanda muy alejadas de la realidad ya que el IASS estimó que usarían el servicio 260 usuarios al mes, cuando la demanda real no supera los 100. Así, el importe de adjudicación se habría encarecido unos 971.000 euros.
DEFICIENTE GESTIÓN El órgano fiscalizador entiende que la errónea estimación de la demanda habría supuesto una "deficiente gestión y planificación" del contrato y subraya que la Administración debió haber ajustado el presupuesto desde el comienzo.
En su declaración ante el juez, el exgerente habría asegurado que el contrato se formalizó conforme a las previsiones de los futuros beneficiarios de la ley de la Dependencia que finalmente no se cumplieron debido a la crisis económica. Además, señalaron al actual Gobierno como el encargado de adaptar el contrato a las nuevas necesidades.
