Dinero en efectivo, noches de hotel, caviar y hasta viagra. Así pagó durante más de quince años la directiva de la empresa sevillana Fitonovo los servicios de funcionarios y altos cargos públicos a los que tenía en nómina para asegurarse la adjudicación irregular de contratos con las administraciones en las que trabajaban. La investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Enredadera, sentará ahora en el banquillo a 88 personas y al PSOE e IU condición de partícipes a título lucrativo. Entre los acusados resaltan dos trabajadores de Adif en Zaragoza, José García Pascual y Miguel Ángel Muñoz Tejero, quienes fueron arrestados en el año 2014.
La Abogacía del Estado solicita 7 años de cárcel y 24 de inhabilitación para García Pascual, que era, antes de su arresto, gerente de mantenimiento de Adif en Zaragoza. Le considera autor de un delito continuado de prevaricación, otro de fraude a la administración pública y otro de cohecho. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja la solicitud de prisión a 4 años de cárcel por un delito de cohecho activo cometido por funcionarios públicos.
Señala la acusación pública que este trabajador participaba en actos de contratación, ocupando un papel clave en la tramitación del contrato público. Los directivos de la Fitonovo, a través de otro de los encausados, abonaron, supuestamente, entre los años 2003 y 2009 la cantidad de 100.400 euros en concepto de ilícita comisión, a cambio de facilitar la adjudicación y ejecución de los contratos a la empresa andaluza.
Asegura que de la mano de García Pascual Fitonovo es adjudicataria de un expediente en el 2004, si bien en 2005 le adjudican diez contratos por importe total de 294.833,20 euros. En 2006 se le adjudican nueve contratos, por importe de 223.387,79 euros, correspondiéndole el 75,64% de la facturación de Adif en lo que se refiere a tratamiento de desbroce de vías y aledaños. En el 2007 se adjudica el 78,69% de estos contratos para un total de 272.189.69 euros. «Precisamente en este año se observa que de los 11 contratos adjudicados, 6 contratos era por el mismo concepto, para el mismo tramo y para realizar el mismo tipo de trabajo dentro de la limpieza de vegetación en prevención de incendios, por lo que podría estimarse que se incurrió en un fraccionamiento del objeto del contrato para disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda», señala la Abogacía del Estado.
EL TÉCNICO
Junto a García Pascual también se sentará en el banquillo Miguel Ángel Muñoz Tejero, que estaba jubilado cuando le detuvieron por estos hechos. Era técnico de infraestructuras y vías de Adif en Zaragoza y se le acusa de que entre los años 2005 a 2007 recibió, supuestamente, con el fin de beneficiar a Fitonovo, la suma de 9.000 euros a razón de 3.000 euros por año, en concepto de dádivas. Se apoya en que consta su participación en actos de ejecución del contrato, como las actas de inicio de las obras y otorgamiento de conformidad de las facturas.
Los principales encausados son Rafael González Palomo y su hijo José Antonio, dueños de Fitonovo y que afrontan nueve años y medio de cárcel por haber creado una «organización criminal» con su empresa para el pago de mordidas y regalos a cambio de la adjudicación de contratos públicos en las diferentes administraciones públicas. Unas prácticas corruptas que se remontarían a 1995 y que se extendieron por Andalucía, Extremadura, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana y Aragón.
