Seis antiguos integrantes del Consejo de Administración de Plaza, entre ellos tres exconsejeros autonómicos, han testificado ante el juez que investiga una presunta malversación de fondos públicos por el sobrecoste millonario en la construcción de 119 naves industriales en la Plataforma Logística de Zaragoza.
Todos han expresado su deseo en colaborar con la justicia, según han declarado a los medios de comunicación, pero no han coincidido en sus apreciaciones sobre la información que llegaba y se trataba en el consejo de administración de Plaza, según han señalado fuentes judiciales.
El primero en declarar ha sido el exconsejero socialista de Obras Públicas Javier Velasco, quien ha dicho a los medios que el consejo de administración conocía, "así consta en el acta", que "se vendieron y adjudicaron unas naves" y que hay un estado financiero donde se "habla de unos mayores ingresos y de unos mayores gastos como consecuencia de que se hacen más naves".
La construcción de las naves corrió a cargo de la empresa Codesport, que pertenece al grupo empresarial de Agapito Iglesias, propietario del Real Zaragoza, y su coste final fue de 32,3 millones de euros, 17,8 millones más de lo presupuestado inicialmente, lo que podría suponer una presunta malversación de fondos públicos, según la denuncia hecha por la actual dirección de Plaza.
Por el desfase presupuestario están imputados Agapito Iglesias, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el exconsejero delegado de la sociedad y exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, quienes declararon ante el juez que el consejo de administración era conocedor de los sobrecostes.
El segundo en comparecer ha sido el también exconsejero socialista de Economía Eduardo Bandrés, quien ha señalado antes de declarar (después se ha negado a hacer otras valoraciones) que venía para ponerse "a disposición del juez" y "colaborar a aclarar en la medida que podamos lo que allí sucedió", en referencia al consejo, donde se "debatían", se "hablaban" y se "conocían" los asuntos, ha dicho.
El tercero, Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente, antes de prestar testimonio judicial, ha destacado la importancia de colaborar con la justicia "en todo lo que haya que aclarar" y ha asegurado que "todos los acuerdos del consejo se adoptaban por unanimidad".
Sobre lo que había dudas se pasaba a la asesoría jurídica externa para garantizar su legalidad y se volvía a tratar en la siguiente reunión del consejo, ha explicado Boné, actual portavoz del PAR en el parlamento aragonés, quien no ha hecho declaraciones tras concluir su testimonio ante el juez.
También ha expresado su deseo de colaborar "en todo lo posible" con la justicia, para luchar con la corrupción, el exconcejal de Zaragoza por CHA Antonio Gaspar, quien ha señalado que el juez le ha preguntado sobre los precios y las revisiones, pero había cosas que no recordaba porque hacía cerca de nueve años de los hechos.
Gaspar, que estaba en el consejo representando al Ayuntamiento, ha añadido que asuntos como los sobrecostes se trataban entre las empresas y la persona (consejero delegado) que estaba gestionando, a quien ha censurado por romper la confianza depositada y por engañar a la sociedad y al propio consejo.
Aunque ha apelado a la presunción de inocencia de los imputados, ha resaltado que este supuesto caso de malversación ha sido "una sorpresa impresionante" y que para él es "absolutamente reprobable", antes de emplazar a la sociedad a acabar con la corrupción.
También han prestado testimonio José Luis Marqués, exejecutivo de General Motors (GM), y Ricardo Cavero, exconcejal socialista de Zaragoza y actual director general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento, quienes han manifestado que todo lo tratado en los consejos están en las actas y a ellas han remitido sus declaraciones.
"Lo aprobado es lo que está en las actas", ha enfatizado Cavero, quien ha añadido que el consejo de administración conocía perfectamente toda la información que llegaba a esta instancia de la sociedad pública.
La última en declarar ha sido María José Ponce, secretaria de Plaza, ha confirmado la abogado de UPyD, Irene Romea, que ejerce la acusación popular y que ha manifestado a los medios que las declaraciones han revelado "contradicciones entre unos y otros, en función del color político".
Al respecto, ha destacado que los representantes socialistas, "han dicho que estaban perfectamente informados", que "recibían información previa" y que podían estudiarla, que Gaspar ha indicado que "no tenia documentación" y que las afirmaciones de Boné "no han sido especialmente claras".
El 19 de marzo declararán por este caso el actual consejero de Economía del Gobierno aragonés, Francisco Bono, quien perteneció al consejo de Plaza como representante de Ibercaja, al igual que José Luis Rodrigo, y los exconsejeros socialistas de Economía, Alberto Larraz, y de Ciencia y Universidad, Maite Valverde.
Los otros citados son Andrés Cuartero y José Luis Abad, exconsejeros delegados de la sociedad publica Zaragoza Alta Velocidad; Joaquín Torres y Fernando Herrando, como representantes de Caja Inmaculada (CAI); y el abogado de Plaza José María Figueras.
