Ricardo Granada, uno de los dos condenados por el caso del expolio de los cascos celtíberos de Aranda de Moncayo, falleció este jueves mientras esperaba el fallo del recurso de casación ­-que pronto será anunciado- presentado al Supremo tras la sentencia dictada en 2018. Granada padecía un cáncer, según fuentes cercanas al fallecido.

El caso se saldó con penas de seis años de prisión para su principal responsable, Ricardo Granada, y tres para uno de sus principales compinches en el contrabando de piezas arqueológicas, Mariano Ostalé, por delitos continuados de blanqueo de capitales (los dos) y daños y hurto en yacimiento (para el primero). Económicamente, el asunto se saldará con multas e indemnizaciones que suman 341.000 euros, de los cuales 106.000 los pagará Granada por los daños en el enclave.

Según la sentencia, Granada, desde finales de los años 80 del siglo pasado y tras mudarse a Illueca, estuvo excavando y registrando parte del yacimiento en esta antigua población celtibérica, que pervivió desde el 4.000 antes de Cristo hasta el 72, aproximadamente, cuando los romanos la conquistaron en la misma campaña en la que cayó Numancia.

Allí, con agujeros, detectores de metales e incluso con una excavadora (cuya actividad fue interrumpida por un concejal de Aranda, que casualmente pasó por allí), fue sacando y vendiendo piezas históricas, entre las que destacaron los cascos (soldados y vendidos por Ostalé, en connivencia con un anticuario suizo ya fallecido) pero que también incluyeron monedas, fragmentos de espadas, joyería o elementos de la vida cotidiana, todo de un valor histórico único.

Además del material recuperado en sus diversas casas (tasado en unos 228.000 euros, que ahora serán multas), Granada deberá pagar los 106.826 euros en los que se han valorado los daños al contexto histórico, que impiden un estudio arqueológico correcto. Todo esto estaba recurrido por la defensa de Granada, el letrado José María Viladés.