Tras más de una década de litigios, y después de haber agotado todas las instancias judiciales, la familia Valdés será hoy desalojada por orden del Supremo de la que ha sido la vivienda del padre, Francisco, desde 1942. Él tiene 82 años y vive junto a su mujer, de 80, que es dependiente y no puede moverse de la cama. Además, con ellos viven dos de sus hijos, de los cuales uno sufre esquizofrenia y el otro una discapacidad leve.

El de los Valdés no es un desalojo hipotecario, los más habituales en los últimos años. El suyo es un caso más complejo. Su abogada, Mercedes Urraca, lleva 11 años peleando en los juzgados con los actuales propietarios de la explotación agrícola El Tejar de Alagón, dentro de la cual se encuentra la vivienda.

Francisco trabajaba y vivía en la finca desde joven. En 1960 firmó un contrato privado de compra por la vivienda y el corral anejo, por el que pagó 200.000 pesetas de la época. El problema es que el contrato no lo firmaron los propietarios, sino su madre, Orosia, que era la usufructuaria y, por lo tanto, no estaba autorizada para vender. Entonces se estableció que Francisco Valdés pagaría un alquiler anual hasta que este quedase formalizado en escritura pública, momento en el cual se le descontaría lo que ya hubiese pagado.

Según Urraca, "hoy en día, nadie firmaría ese contrato. Pero Francisco era un joven agricultor" sin conocimientos legales "y se fió de los propietarios", para los que llevaba trabajando toda la vida. Estos eran una familia de abogados de Barcelona y, por lo tanto, según la letrada, sabían muy bien qué tipo de contrato estaban redactando. Por ello, cree que a su cliente "lo engañaron" y que obraron "de mala fe".

DE MANO EN MANO La propiedad fue pasando de heredero en heredero hasta llegar a los actuales, tres hermanos que son los bisnietos de Orosia. Según la abogada de Valdés, "en todas las transmisiones mortis causa constaba este arrendamiento en el registro de la propiedad, pese a que al tratarse de un contrato de tipo industrial este se extinguía a la muerte del propietario". Pero los actuales dueños decidieron, hace 11 años, no renovarlo y pedir el desahucio de la familia Valdés.

Comenzó un proceso por el que Franciso reclamaba ser el legal propietario de su casa desde que la compró. Su abogada considera que, "a priori, aquel era un contrato nulo". Pero que si se hubiera declarado como tal, no hubiera tenido ningún argumento jurídico al que agarrarse. Valdés no lo consiguió. Por ello, Urraca trató de frenar la orden de desalojo "por motivos humanitarios", y lo consiguió el 30 de octubre. "Pero ya no hay más posibilidades de volverlo a parar", lamentó ayer la letrada. Si nada lo remedia, la orden se ejecutará a mediodía de hoy.